El verdadero problema de la utilización de datos personales de niños: la ausencia de ley

A pesar de que los resultados que obtiene son paupérrimos y así está certificado, el gobierno de Salta ataca la pobreza con instrumentos que bordean la ilegalidad. Avanza en base a su sola voluntad (la voluntad de unos funcionarios que llevan por delante un crucifijo y una tablet), sin el cobijo de una ley que dé sentido y precisión a sus movimientos, y con la sospecha, cada vez más acentuada, de que en vez de un objetivo social y cívico está cumpliendo con una ‘misión evangélica’, a juzgar por el desmedido protagonismo de la iglesia católica en las operaciones de lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad social.

En estos tiempos de opiniones superficiales e inmediatas, si preguntáramos a una multitud de personas qué cosas debe hacer el gobierno para acabar con la pobreza, una gran mayoría de los consultados respondería, sin vacilar, «lo que sea».

Sin embargo, si a esas mismas personas les repreguntáramos «por ejemplo, ¿matar a las pobres o esterilizarlos, para que sean menos?», casi todos responderían que no, que hay ciertas cosas que no se pueden hacer en nombre de la lucha contra la pobreza.

Pues bien: una de estas «ciertas cosas» es avasallar sus derechos fundamentales a la intimidad, a la vida privada personal y familiar y a la propia imagen, para conseguir que salgan de la pobreza. Este es un límite que una mayoría de personas razonables consideraría infranqueable, pero no el gobierno de Salta, que entiende que la esfera más íntima del ciudadano pobre está protegida por un velo que conviene romper si de verdad se quiere acabar con la pobreza.

Si por los funcionarios del gobierno de Salta fuera, a los niños y niñas que malviven en la pobreza y habitan territorios alejados, se les colocaría un chip en la oreja, como a los rinocerontes, para tenerlos monitorizados todo el día en esas pantallas gigantes en las que exponen todos los datos de los niños y niñas, incluidas sus fotografías. Es decir, que si pudiéramos tratar a las pobres como si en vez de trabajadores sociales y responsables públicos fuésemos biólogos naturalistas, todo funcionaría mucho mejor. Al fin y al cabo, los animales están -aún- mucho menos protegidos legalmente que las personas.

La opinión y las actitudes del gobierno que obra de esta manera son ilegítimas, nada más que empezamos a verlas. Pero este carácter lesivo de los derechos más básicos de cualquier persona humana tiene un componente que lo hace más grave y que al mismo tiempo ofrece una solución a los excesos de voluntarismo en que frecuentemente incurre el «Gran Hermano» gubernamental: la total ausencia de una ley que haga legítima (hasta cierto punto) la intervención coactiva del Estado en la recogida, tratamiento y utilización de datos personales ultrasensibles para una finalidad pública trascendente como es la lucha contra la pobreza y la marginalidad extremas, así como a favor de la minimización de los riesgos sociales que estas patologías entrañan.

Solo una ley debatida y votada por los representantes populares, a través de un procedimiento público y reglado, puede contribuir a levantar de forma legítima (y evidentemente parcial) ese velo que protege la esfera de intimidad de los individuos en estado de necesidad.

Lo que el gobierno pretende -y lo que está haciendo en realidad- es levantar el velo por las suyas, por su exclusiva voluntad, lo que significa automáticamente que lo hace sin controles de ninguna naturaleza. Quien pretenda hacernos creer que por respetar todas las leyes y decretos vigentes (cosa que es posible que suceda) no se están transgrediendo derechos ni derogando la democracia, se equivocan. En toda actuación del gobierno sin una ley específica que lo ampare hay un desparramo de la peor arbitrariedad.

La ley de la provincia no solo debería detallar con la mayor precisión posible las condiciones objetivas y subjetivas que hacen legítima la obtención y el tratamiento de datos personales, sino las técnicas específicas de este tratamiento: por ejemplo, los requisitos técnicos o de seguridad mínimos (un piso de seguridad, que debe tener en cuenta el carácter mutable y progresivo de las amenazas) que debe reunir el soporte (la nube) y las condiciones de idoneidad del propietario (Microsoft, o quien sea).

Es como si la más grande empresa de alimentos envasados del mundo quisiera vender leche en polvo al gobierno para que la distribuya en las escuelas. Al gobierno le basta con decir: «hemos comprado leche de una reconocidísima marca a nivel mundial» para dar por satisfechos todos los requisitos de calidad, para convencer a los demás y para convencerse a sí mismo. Pero esa misma empresa que fabrica leche en polvo, sabe que hasta en el país más pobre y miserable de la Tierra sus latas solo se pueden vender en las condiciones que la ley local les impone, así estas condiciones sean ridículas. Lo contrario -la inexistencia de ley, como sucede en Salta- comporta admitir que quien controla las propiedades de la leche, los componentes de la lata y las condiciones de venta es el fabricante, y quién decide cómo, cuándo y quién la bebe es el gobierno y no los ciudadanos.

Así como con la leche, sucede con los servicios de «cloud computing».

Un gobernante que reconoce que su gobierno hace determinadas cosas en materia de datos sensibles sin el amparo de una ley específica que le permita hacerlo y que le confiera un marco de tranquilidad y previsibilidad, a sus funcionarios, pero también a la sociedad, o bien es un gobernante irresponsable y autoritario, o bien es alguien que cree que las tablets que porta son en realidad las Tablas de Moisés y que, en consecuencia, sus actos están movidos por la mano de Dios.

En cualquiera de los dos casos, su actuación debe ser calificada de la peor manera, por mucho que intente explicarse o enmascarar su comportamiento alegal e ilegítimo en la ineluctabilidad de la tecnología, en su fiabilidad, en su velocidad, en su seguridad o en su carácter necesario.

Cuando el Gobernador de Salta, con su imperdonable pero habitual incontinencia verbal, habló de «inteligencia artificial para prevenir embarazos adolescentes» y mencionó aquello de que el gobierno «puede saber, con nombre, apellido y domicilio qué niña esta predestinada a sufrir un embarazo adolescente», dijo dos cosas muy interesantes. La más importante de ellas, que su gobierno (porque así es él de potente) es capaz de torear incluso el bravo toro del destino. «Nosotros y solo nosotros apartamos a las predestinaditas de su gestacional sino». Hasta aquí, pocos gobernantes se habían animado a ello.

La segunda cosa importante es que tiene datos de menores de edad cuya obtención, a primera vista, dista mucho de ser respetuosa con los derechos que tienen esos niños y niñas, no ya a su intimidad, privacidad familiar y propia imagen, sino a que sus datos personales sean recogidos, tratados y almacenados por el gobierno de una forma transparente, leal, rigurosa y congruente con su propia condición infantil.

Pero mientras las redes sociales hacían picadillo al Gobernador de Salta por su fantasiosa caricatura de la (allmighty) «inteligencia artificial», un solo medio de comunicación ponía sobre el tapete el problema de la protección de los datos personales, lo que le ha provocado al gobierno (a algunos funcionarios, para mejor decir) una pequeña pero muy sonora crisis de ansiedad.

Y no es para menos. Las crisis seguirán y la angustia se apoderará de ellos en la medida en que los servicios gubernamentales de lucha contra la pobreza sigan haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora, sin contar con el paraguas protector de una ley, que a la vez que evite que algunos caigan en la histeria, proteja a las personas vulnerables y al resto de los ciudadanos mediante la definición precisa de un ámbito acotado de intervención de los poderes públicos en materia de datos personales sensibles, para su utilización en la lucha contra la pobreza.