- Por: Federico Paterno para Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa y Popular -ANCAP-
En las inmediaciones al Congreso de la Nación durante el mes de Julio se realizó un acampe de más de 15 días por parte de comunidades originarias Wichi de la provincia de Salta. Este fue conformado por 18 comunidades de la ciudad de Tartagal. Dentro de los reclamos estaban la ausencia del Estado en la finalización de la construcción de viviendas, la falta de caminos mejorados para el ingreso de ambulancias en las comunidades, la falta de salud y de trabajo. El abandono y el olvido es general. En el acampe hubo cuatro dirigentes indígenas de las comunidades de Cacique Loira, La Nueva Generación, comunidad Lapacho y comunidad El Algarrobo. La comunidad Guaraní El Tabacal de Hipólito Irigoyen brindó su apoyo, ya que sufrían las mismas problemáticas y se plegaron a esta lucha. Rubén Ifrán es integrante de la comunidad y mantuvo una charla con ANCAP.
El acampe fue una consecuencia de 20 días de huelga de hambre en Tartagal, y de corte de ruta para pedir respuestas al gobierno de esta provincia. “Las primeras semanas de lluvia fueron con mucho frío. Fue fuerte estar ahí, hubo mucha solidaridad de la gente, pero ninguna respuesta, en esos primeros diez días, de parte de quienes tenían que hacerse presente para avanzar en un acuerdo. Nosotros necesitábamos información, respuesta y ante todo empezar a resolver los problemas. En ese sentido el 27de julio, a las 8 y media de la mañana, luego que nos tomaran fotos durante varios días, de espacios públicos, alguno presentándose al acampe, nos preguntaban que hacíamos y demás, y de donde éramos. La respuesta siempre eran las mismas, exigíamos nuestros derechos porque la gente en Salta sinceramente se está muriendo, es mucho el abandono que hay y estábamos dispuestos a pelear por exigir y para que se vea lo que nos estaba sucediendo”, expresó Rubén.
Vigilados
El día 27 de Julio en las cercanías del acampe estacionaron dos vehículos, patrulleros y efectivos de la policía de la Ciudad con un objetivo intimidatorio para con los hermanos originarios que se encontraban en el acampe. Los uniformados mostraron una orden para que levanten el acampe, los dirigentes indígenas explicaron lo que ocurría y luego de 12 hs de negociación el acampe continuó. “Entendimos que de ahí en mas no iban a volver y fue así que no volvieron. Se comenzó a avanzar sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en un diálogo y en un acuerdo que para nosotros era el comienzo de la propuesta de acercarse el 16 de agosto en Tartagal ante el resto de los dirigentes a dar explicaciones”, explicó el dirigente de El Tabacal.
La reunión pautada para el jueves 16 en la comunidad La Esperanza, era entre las 18 comunidades, con una comisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI-; una comisión del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Salta y de Asuntos Indígenas de la provincia. Julián Fernández viajó de Buenos Aires en representación del INAI, y hubo un diálogo telefónico entre él y la dirigencia indígena, durante la mañana del jueves. La excusa que plantearon los funcionarios fue que no estaban dadas las condiciones para viajar hasta donde estaban los dirigentes originarios, por estar “supuestamente” la ruta cortada. La ruta de Orán a Tartagal era la que tenían que atravesar los funcionarios, y no estaba cortada. Luego de negociaciones telefónicas, los funcionarios pidieron que los dirigentes de las comunidades al otro día sean quienes se trasladen 110 Km para la reunión. Esto fue tomado como una falta de respeto, la reunión nunca se hizo. Una vez más el ninguneo por parte de la clase política hacia las comunidades. Continuaran en estado de asamblea para decidir los pasos a seguir.
Una ley que no se cumple
El caso particular de la comunidad El Tabacal tiene un serio problema que se remite al año 2003 donde el Ingenio San Martin del Tabacal presenta una denuncia por usurpación a parte de esta comunidad originaria. Son 24 las personas indicadas como usurpadoras Este ingenio desde el año 1996 pasa a manos de Seaboard Corporation, empresa norteamericana con sede en Boston.
“La comunidad se defiende utilizando tanto la Constitución como el convenio 169 que reconoce el derecho y la preexistencia de nuestros pueblos y ahí comienza una dura batalla. Como resultado de eso un juez determina no innovar y no tocar esas tierras y no se avanza en el desmonte que era lo que las familias estaban tratando de evitar, el avance del monocultivo de la caña de azúcar sobre las tierras de la loma, que son estas 3500 hectáreas que nuestra comunidad reclama como propia, con cementerios ancestrales, con ceremonias realizadas dentro, con recuerdos de lo que era la vida en esas tierras. Esa medida de no innovar lo que pretende es que ninguna de las partes, la que demanda, la empresa y ni la comunidad puedan hacer uso de esas tierras”, recuerda Rubén.
Desde ese momento el ingenio El Tabacal tiene actitudes intimidatorias con la comunidad, desde persecución, hasta la colocación de seguridad privada en la zona. La medida de no innovar no es respetada por esta empresa con sede en Estados Unidos. El desmonte avanza, el uso de químicos, sumado a los desvíos de caudales de agua que realizan, según nos informó el dirigente de la comunidad de El Tabacal.
“No hay ninguna documentación para que la empresa diga que esas tierras son suyas, solamente el poder económico tienen”, sostiene el dirigente, y advierte “Es tal el poder económico que tiene, el ingenio azucarero San Martin de Tabacal que compra esto, compra la posibilidad de pasar por arriba el dictamen de un juez. Así estamos, por eso entendemos que el relevamiento no lo va a tener fácil nuestro pueblo, nuestra comunidad, porque la historia de esta lucha es fuerte, porque hay una multinacional con miras a continuar avanzando en el negocio y porque se compran las voluntades, simplemente por lo bajo, porque aquí en Salta, la coima está a la orden del día, en los ámbitos judiciales, en las fuerzas de seguridad, con los funcionarios, con todo”.
Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales -ANDHES-, plantea respecto a la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena “No resuelve la situación de fondo: esto es, la falta de titulación de los territorios indígenas. Sumado a esto, según información oficial del INAI, solamente fueron relevadas hasta ahora el 30 % de las comunidades indígenas registradas del país. El resto se encuentra sin finalizar o en algunos casos incluso sin haberse iniciado”.
Convenio 169 de la OIT
Es un convenio que lleva 17 años de vida y que pueda ser respetado para las comunidades indígenas de nuestro país es algo de suma dificultad. Es la herramienta jurídica más importante de los pueblos indígenas para defensa de sus derechos.
En su artículo 3, el Convenio sostiene que los Pueblos Indígenas tienen derecho de “gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”.
Según indica el espacio de información sobre el derecho indígena, Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen –ENDEPA-, el abogado constitucionalista Eduardo Hualpa, advierte “El Convenio 169 de la OIT revaloriza la importancia especial que para los Pueblos tiene su relación con las tierras y los territorios, subrayando los aspectos colectivos de esa relación”.
Sin voluntad
“Acá no hay falta de recursos, no nos pueden mentir diciéndonos que hay problemas de papeles presentados, de relevamientos no hechos, en fin de papeleo o instancias que tengan que ver con otra que no sea la falta de voluntad política, no se quiere estar del lado de quienes más necesitan, no es negocio estar de nuestro lado, entendemos para de qué lado está este poder económico. Entonces si nosotros entendemos que se va a avanzar con un dialogo, decir lo que nosotros entendemos la necesidad de resolver nuestros problemas, después de ahí, quizás un pedido de informe. Con el pedido de informe se va a demostrar el paso a paso que hay una intención de cambiar esta situación que hoy es urgente, es decir está en peligro la vida de muchas familias”, indicó el referente indígena.
El caso explícito de falta de voluntad y de engaño es el de la comunidad El Algarrobo con las viviendas que figuraban terminadas hace dos años, según el gobierno salteño y no lo están. Las partidas presupuestarías quedan a mitad de camino y los más perjudicados son quienes viven en cada comunidad originaria, esos lugares donde el estado no existe, no solo a causa de este gobierno de empatía nula con el más humilde, sino también de varios gobierno anteriores que jamás pusieron el tema indígena como prioridad para resolver.
“La realidad de las comunidades indígenas desmiente a la publicidad empresaria. Desalojos violentos, desmontes, inundaciones y sequías, intoxicaciones con agroquímicos, pobreza. El costo social, sanitario, ambiental y económico del modelo agrario. La prensa comercial no se refiere a esa realidad. Mezcla de intereses económicos, flexibilización laboral, periodismo de escritorio y desinterés”, esta explicación tan certera y clara es parte del libro, Argentina Originaria, del periodista especialista en el tema, Darío Aranda.
Consejo consultivo
Ante la consulta de los dirigentes Wichi del acampe a Félix Díaz sobre el acompañamiento para dar solución a las problemáticas planteadas, la respuesta del Consejo Consultivo no fue satisfactoria. “Se ofreció por parte del consejo consultivo 3 días de hospedaje, y nada más, al 4 día comenzó el acampe. No hubo acompañamiento ni respuestas”, esgrimió Ifrán.
Para mostrar con claridad la realidad que viven en el día a día los hermanos originarios de Salta, el dirigente de la comunidad Guaraní El Tabacal fue rotundo “Las marcas de las balas en los cuerpos de mis hermanos marcan una constante en quienes reclaman por trabajo. Esta represión esta de la mano de una justicia y de jueces que avalan todo esto, una empresa no puede decidir sobre familias. Vamos a seguir resistiendo. Necesitamos poder vivir libres, que se respeten nuestros derechos, nuestra cultura, pode tener tranquilidad con nuestros pueblos y naciones indígenas”.
