Las operaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa
- Por: Elena Corvalán para Vové
Hoy se reúne en Salta la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP-. Se anuncia que hará, una vez más una defensa de la libertad de prensa. Fiel a su historia, anticipa ataques a los gobiernos odiados por el establishment, como Venezuela.
La Sociedad Interamericana de Prensa -SIP- celebra hoy en Salta su 74º Asamblea, un evento que el diario El Tribuno, propiedad de la familia del ex gobernador y senador nacional Juan Carlos Romero, viene difundiendo en abundancia. Ya se anticiparon opiniones y notas críticas al gobierno de Venezuela, y se adelantó que el eje del encuentro versará sobre la corrupción en la función pública, cuestión en la que se hace mención a la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos, y que habrá también un “duro” pronunciamiento en defensa de la libertad de prensa.
La SIP no representa a los y las periodistas, ni a la profesión u oficio, ni a los y las trabajadoras de prensa, sino que representa a los dueños de los medios de comunicación. La diferencia no es menor. Se puede acudir a la historia de esta organización para exhibir esta diferencia, pero también salta a la vista con un repaso por sus integrantes, con Bartolomés Mitres, Zuccolillos, Kraiselburds y Romeros. No son precisamente muestras del respeto al trabajo periodístico.
Más allá del valor de algunos de los exponentes del periodismo que disertarán durante el evento, las actividades de la SIP no son un puntal para la libertad de expresión, aunque en los discursos se la ensalce. “En Salta, la Asamblea estará centrada en las exigencias del periodismo digital, las amenazas para la democracia y la libertad de prensa y la investigación de los casos de corrupción en las administraciones estatales”, informa el diario El Tribuno, cuyo director, Sergio Romero, hablará en el inicio de la Asamblea, acto que contará con discursos del gobernador Juan Manuel Urtubey y de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. A tono, para el cierre se anuncia la presencia del presidente Mauricio Macri.
La SIP será reúne actualmente a más de 1.300 medios de comunicación de todo el continente. En su portal oficial –https://www.sipiapa.org-, se presenta como una “organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas”. La entidad reconoce su origen en 1926, en el Primer Congreso Panamericano de Periodistas, celebrado en Washington. Luego, cita como antecedente el siguiente Congreso, en 1942 en México, reseña que en 1946 varios editores y directores fundaron un grupo en Estados Unidos y destaca que “el año 1950 significó un cambio en la dirección de la SIP”, dado que hasta esa fecha “las conferencias fueron auspiciadas y financiadas por los gobiernos anfitriones; los votos correspondían a cada país y muchos de los miembros no eran periodistas”. Desde 1950 la SIP “depende de fondos provenientes de sus miembros y de donaciones de fundaciones”, dice.
Corresponde hacer la salvedad de que el hecho de que sean los socios los que sostengan a la SIP no quita la posibilidad de que lo hagan con fondos públicos, por ejemplo, a través de las pautas publicitarias gubernamentales que reciben muchos de los grandes medios socios de la Sociedad Interamericana de Prensa, como ocurre con El Tribuno, para seguir en el territorio sede de esta asamblea. También suele resultar esclarecedor -para ahondar en aquello de la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información- verificar quiénes son las fundaciones aportantes. Y hay que decir que muchos miembros de la SIP no son periodistas hoy tampoco. Pero esta nota trata de otro tema.
Hay otra historia sobre la SIP. Dice que fue fundada en 1943, en La Habana, y que durante siete años cada país tuvo un voto, lo que posibilitó la incidencia de sectores más progresistas. En 1950 tenía 778 miembros, 404 eran de Estados Unidos, país donde se realizó la conferencia ese año y en la que se cambiaron los estatutos y se estableció que cada afiliado tenía un voto. “Para ello hubo una maniobra combinada del Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA)”, sostiene el periodista cubano Ernesto Vera Mellado en un artículo publicado en 2014, basado en el relato de Carlos Rafael Rodríguez, el delegado por Cuba en 1950 a quien se le impidió el ingreso a Nueva York.
Vera Mellado asegura que Jules Dubois, que presidió durante 15 años la Comisión de Libertad de Prensa y una suerte de héroe de la SIP, tuvo actuación preponderante en este golpe de timón que cambió los designios de la organización en el ´50. En la Segunda Guerra Mundial Dubois se incorporó como oficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Fue compañero de estudios y amigo del militar golpista guatemalteco Carlos Castillo Armas. Precisamente, cuando Castillo Armas dio el golpe de Estado en 1954, Dubois estaba en Guatemala. En 1977 el diario New York Times informó que Dubois era mencionado como un activo de la CIA.
Varios socios de la SIP tienen vínculos estrechos con dictaduras y negocios sospechados. Es conocida la posición del diario La Nación, de los Mitre, respecto de las dictaduras en Argentina, y su histórico desprecio por los derechos humanos en general, como pasa, solo por citar un ejemplo, con los pueblos originarios.
Para seguir con los nombres propuestos como muestras del poco apego de la SIP por la libertad de expresión y la ética pública, la familia de Aldo Zuccolillo, dueño y director del diario ABC Color, de Asunción del Paraguay, y activo miembro de la SIP hasta su muerte, era parte del entorno del dictador Alfredo Stroessner, según consta en los documentos encontrados en los Archivo del Terror. Aunque sobre el final de la dictadura “Acero” Zucolillo se mostró opositor e incluso fue detenido varias veces por poco tiempo, otras investigaciones lo ligan con hechos de corrupción. El periodista Idilio Méndez Grimaldi afirma en su libro Los Herederos de Stroessner que en 1989 Zuccolillo fundó una sociedad con Juan Carlos Wasmosy para la creación de Telsat SA, empresa dedicada a la transmisión televisiva por cable demandada por piratear señales de empresas transnacionales. Méndez Grimoldi también acusa a Zuccolillo de haber encubierto hechos de corrupción durante la presidencia de Wasmosy, entre 1993 y 1998.
Volviendo a Argentina, es conocida la vinculación del director del diario El Día -La Plata-, Raúl Kraiselburd, con los terroristas que tomaron el poder en la última dictadura cívico militar. En 2015 la periodista Rocío Cerreijo informó en la Agencia Paco Urondo –http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/kraiselburd-y-massot-paginas-manchadas-con-sangre- que el genocida Anselmo Pedro Palavezzati, que era capitán del Destacamento de Inteligencia 101, dijo que desde su oficina encargaban a El Día tareas de recopilación de información entre la población que era usada para sus informes de inteligencia.
“Desde su fundación, el diario El Día ha condicionado el funcionamiento institucional y la efectivización del derecho a la comunicación en la ciudad de La Plata. Además de haberse instituido a lo largo de la historia en una tribuna de doctrina prominentemente conservadora, ha desplegado distintas estrategias tendientes a manejar los hilos de la administración municipal desde la penumbra, con el objetivo de ver consagrados sus intereses corporativos, por sobre las voluntades de las mayorías”, denunció en agosto de 2013 la decana de la Facultad de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Florencia Saintut –http://www.enorsai.com.ar/opinion/1660-a-proposito-del-diario-el-dia.html-, en una publicación en la que destacó el “rol colaboracionista (del diario) con la última dictadura cívico/militar, circunstancia que emerge de la simple lectura de la editorial publicada el 26 de marzo de 1976, en que expresó que la prioridad del gobierno de facto debía ser el ‘aniquilamiento definitivo de la guerrilla’”.
En Salta, la investigación de los crímenes cometidos por el terrorismo estatal, también mostró las ligazones del diario de la familia Romero con las dictaduras. La autodenominada Revolución Libertadora, que derrocó a Perón en el 55, expropió El Tribuno (que pertenecía en parte al PJ). Uno de los interventores fue Roberto Romero. Según el historiador Daniel Escotorín fue un reconocimiento “por haber participado como comando civil tras el golpe (de la Libertadora)”.
Armando Jaime, dirigente del Frente Revolucionario Peronista (FRP), aseguraba que la policía política integrada por un grupo de comisarios represores existía desde 1974 y “estaba ligado a Roberto Romero”. Para graficar esta vinculación contó que en 1969, en oportunidad de una huelga de canillitas en reclamo de que El Tribuno les reconociera el 50% del precio de tapa de los diarios, fueron reprimidos por Joaquín Guil, que “estaba en Contralor General”, la dependencia desde la que se realizaba el espionaje político. Y luego hubo tres muertes vinculadas a esta huelga. El escribano Enrique Outes, asesor de los canillitas, “al poco tiempo” fue asesinado en el Bajo; la misma suerte corrió el secretario general del Sindicato de Canillitas de Tucumán, Gerardo Barrionuevo, que vino a terciar en el conflicto y apareció asesinado el 28 de julio de ese año. En esta lista Jaime incluyó a su primo, el periodista Héctor Luciano Jaime, asesinado en febrero de 1975, y quien había colaborado con la huelga de los canillitas.
El periodista e historiador Gregorio Caro Figueroa, que fue secretario de Ragone, ubicó entre los opositores golpistas a este gobierno a Roberto Romero, que además de dirigir El Tribuno presidía la Confederación General Económica (CGE). Publicaciones de la época del diario El Intransigente denuncian un contubernio entre El Tribuno, la Lista Azul y Blanca, la CGT y los diputados verticalistas, en contra del gobierno de Ragone.
Como podrá apreciarse, las reseñas de estos miembros de la SIP no los muestran precisamente como respetuosos de los derechos.
El periodista e historiador Gregorio Selser, que siguió los pasos de la SIP, publicó en diciembre de 1974 un texto que quizás fue la mejor descripción de esta organización empresarial: “La SIP tendió a inmiscuirse cada vez más prepotente y altaneramente en los asuntos internos de los países del continente, como si la OEA o algún otro organismo supranacional hubiera delegado en ella la visión de velar los postulados de la libertad de prensa. […] Obtenía de ese modo plusvalía al equívoco generalizado de que obraba en nombre de los periodistas del continente, cuando sólo era la expresión de los dueños de la prensa que en no pocos casos apenas si saben leer y escribir”.
