Hoy se cumplen dos años de aquel 1° de agosto de 2017, cuando nos llegó la noticia de que Santiago Maldonado había sido desaparecido por la Gendarmería, en el contexto de una brutal represión desatada contra la comunidad Mapuche de la Pu Lof Cushamen.
Ya en enero de ese mismo año, la policía de Chubut y Gendarmería Nacional unían fuerzas para reprimir al pueblo mapuche que aún resiste la usurpación de sus tierras ancestrales por parte de la empresa Benetton y otros terratenientes. Santiago, guiado por sus convicciones y su fuerte sentimiento solidario, había decidido acompañar esa lucha.
El operativo desatado el 1° de agosto fue cuidadosamente orquestado por Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Nunca tuvimos dudas que Santiago se encontraba en la Pu Lof en el momento que Gendarmería invadió el territorio mapuche, aunque negarlo fue la primera de una larga series de mentiras oficialmente instaladas con el fundamental aporte de los medios hegemónicos. Santiago permaneció desaparecido por 78 días, hasta que el 17 de octubre su cuerpo sin vida fue hallado en el Río Chubut.
Cabe mencionar que el 1° de septiembre de ese mismo año, al cumplirse un mes de la desaparición, una movilización multitudinaria reclamó al gobierno de Cambiemos la aparición con vida de Santiago y el castigo a los responsables. Al momento de la desconcentración, el gobierno desató una represión que terminó con más de treinta compañerxs detenidxs, entre lxs cuales se encontraban cuatro trabajadorxs de prensa de medios alternativos, comunitarios y populares, lo cual demostró una intencionalidad clara de disciplinar a quienes registran el accionar violento de las fuerzas represivas.
Desde un primer momento, el gobierno de Cambiemos apuntó todos sus esfuerzos a garantizar la impunidad de las fuerzas represivas y de los responsables políticos del hecho. Los medios hegemónicos de comunicación se ocuparon de difundir versiones falsas acerca de posibles paraderos de Santiago, y también fueron configurando su nuevo enemigo interno: el pueblo Mapuche. La construcción de esa idea venía gestándose desde 2016, cuando Bullrich anunció la publicación del informe “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”. Ahí ya se dejaba ver cómo el gobierno había puesto todo su aparato represivo y de espionaje apuntando a la criminalización y persecución del pueblo Mapuche, buscando instalar versiones de supuestas conexiones con el “terrorismo internacional”. Macri y sus aliados dejaron en claro uno de los principales objetivos de su política represiva: la lucha de los pueblos originarios que se organizan para defender sus territorios ancestrales, en contra de los intereses de las empresas multinacionales que imponen sus megaproyectos extractivistas.
Instalar la mentira, garantizar la impunidad
Todas las declaraciones que los principales voceros del gobierno hicieron en los medios sobre el caso desde un principio apuntaron a desligar la responsabilidad de Gendarmería en el hecho, y a criminalizar la lucha. Esas declaraciones no se quedaron en las palabras, sino que se tradujeron en hechos, como por ejemplo, el ascenso del sub-alférez Emanuel Echazú -único imputado la causa- al rango de alférez. Bullrich no solo no tiró “ningún gendarme por la ventana”, sino que dejó bien claro el absoluto respaldo del gobierno a sus perros guardianes.
El punto máximo de esa garantía de impunidad se expresó el 29 de noviembre del año pasado, cuando, en el marco de los preparativos para la cumbre del G20, el juez federal Lleral anunció que la causa se cerraba, estableciendo que la muerte de Santiago había sido un lamentable accidente sin responsables. Lxs familiares de Santiago apelaron esta resolución, señalando la enorme cantidad de irregularidades y mentiras contenidas en ese fallo, como obviar que se trató de una muerte violenta, además de muchas medidas de prueba nunca ordenadas, como la falta de pericia sobre los billetes encontrados intactos en el pantalón de Santiago, o el no hallazgo de su mochila y su celular. Tanto el primer juez a cargo de la causa, Otranto, como su sucesor Lleral, pusieron de manifiesto la falta de voluntad del poder judicial de que se sepan las verdaderas circunstancias de la muerte de Santiago.
Rafael Nahuel
El 25 de noviembre del mismo año de la desaparición de Santiago, volvió a estremecernos otra noticia desde la Patagonia. El joven mapuche Rafael Nahuel había sido asesinado por la espalda por el prefecto Francisco Javier Pintos, un miembro del Grupo Albatros tras la represión contra la comunidad mapuche de la Lof Lafken Winkul Mapu. Toda la primera línea del poder ejecutivo reaccionó rápidamente para respaldar a la prefectura, con declaraciones como “hay que volver a respetar la voz de alto” y “…no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad, le damos a su versión el carácter de verdad”. Estas declaraciones fueron la antesala de la llamada doctrina Chocobar, que consiste en aplicar esa misma lógica en la criminalización de la juventud y la pobreza.
Lejos de encarcelar al prefecto Pintos, autor del fusilamiento, el juez a cargo de la causa, Leónidas Moldes, imputó a Fausto Jones Huala y a Luciano González (que estaban con Nahuel en el momento de su muerte) por usurpación, atentado y resistencia a la autoridad. Tiempo después, procesó a Pintos apenas por exceso en la legítima defensa, dando por cierta la versión de la prefectura de que los mapuches, con “armas de grueso calibre que cortaron de cuajo ramas de 20 centímetros de diámetro, lanzas con cuchillos en las puntas y máscaras anti-gas”, los habían atacado. Recientemente, el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Fiske Menuco puso en evidencia cómo el Poder Ejecutivo Nacional y, en especial el ministerio de Seguridad, operaron para construir un relato que apuntaba a la criminalización del pueblo Mapuche y a garantizar la impunidad de los represores. La Cámara resolvió la prisión preventiva de Pintos y ratificó que no existió ataque alguno hacia los prefectos, sino que fueron ellos los que iniciaron una verdadera cacería.
Fuente: Correpi
