*Por Casandra Sandoval para Agencia Sudaka TLGBINB
A casi diez días de que se promulgó la ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Diana Sacayán – Lohana Berkins, les activistas y las organizaciones reconfiguran el mapa de acciones y objetivos para encarar la adhesión y aplicación de la Ley N° 27.636 en todo el país. Con la decisión clara y profunda de participar en los cambios sociales y culturales, para que el colectivo travesti – trans pueda ejercer el derecho a un trabajo real y digno.
¿De qué manera los municipios y provincias implementan, o no, las ordenanzas y leyes de cupo e inclusión laboral? ¿Lxs intendentes y gobernadores aplican lo que expresan las leyes que aprueban? ¿Cuántas personas trans-travestis ingresaron a trabajar por cupo antes de la aprobación de la ley nacional y en qué condiciones lo hacen? ¿Son trabajadorxs contratades temporariamente o planta permanente?
En el sur de la provincia de Salta, en la ciudad de Metán, el caso de Virginia Caldez, una mujer trans de 38 años, se erige como caso testigo para esta realidad. Virginia trabaja en el Estado municipal hace 5 años, desde antes que se aprobara la ordenanza de cupo. Su situación es apremiante: denunció maltrato y acoso laboral sin obtener respuesta, pero donde intervinieron inmediatamente profesionales de Nación.
En Salta son seis los municipios que aprobaron el cupo trans: Orán, Cerrillos, El Carril, Joaquín V. González, Metán y Vaqueros.
En una reciente encuesta, que realizó MTA (Mujeres Trans Argentina) junto a la Cátedra Abierta Lohana Berkins de la Universidad Nacional de Salta, se constató que la situación laboral del 94% de las personas trans es precaria. De las 100 personas encuestadas, 39 dijeron estar desocupadas; 26 indicaron que tienen un emprendimiento personal, pero sin un sueldo fijo; 29 afirmaron ejercer la prostitución; y sólo 6 tienen trabajo estable.
“Me van quitando la sonrisa día a día”
Thiara Virginia Caldéz es una chica trans de la localidad de San José de Metán, en el sur de la provincia de Salta. Hace 5 años que trabaja en el municipio. Ingresó antes de que existiera el cupo trans en su ciudad, aprobado recién en julio del 2020. Por lo tanto, fue la primera inclusión laboral del colectivo trans metanense, hecho que celebró toda la disidencia salteña.
Con el correr del tiempo Virginia sufrió discriminación y amedrentamientos por parte de compañerxs de las áreas de trabajo, y en estos últimos meses sufre el acoso laboral de compañeros varones. “Es muy desgastante, quedé mal emocionalmente, los ataques de los trabajadores municipales son constantes, me van quitando la sonrisa día a día” dijo, desconsolada, Virginia.
Ella lo relató así:
“Primero trabajé en el Barrio El Crestón, donde está instalado el CIC Caricapuy, después me pasaron al área de Ceremonial y Eventos, y ahora estoy en el área de Cultura, donde lamentablemente ya hemos tenido problemas, básicamente, por el maltrato recibido una y otra vez.”
Virginia también indica que recién desde el 1° de julio está trabajando con un contrato formal que se renovaría anualmente. Esto significa que cuatro años de trabajo no quedaron registrados por el contrato de precarización que tenía (modalidad de locación de servicios). Sobre esos años de trabajo, agregó: “Tenía que hacer de todo por más de 8 horas de trabajo, por un dinero que hoy no supera los 10 mil pesos. Imagínate lo que pagaban hace años atrás. Si no mal recuerdo creo que me pagaban 2500 pesos mensuales. Así como te lo cuento”.
Lo primero que pudo hacer es efectivizar las denuncias correspondientes, tanto en la Unidad Regional N° 30 como en el Juzgado de Violencia y de Género a cargo del doctor Carmelo Paz, del Poder Judicial salteño-distrito sur-. Pero aún no recibió respuestas ni fue citada desde ninguna de esas dependencias.
Miente, miente que algo quedará.
José María Issa Martín es abogado y actual intendente de Metán. En el 2015, cuando ocupaba una banca en el Concejo Deliberante, presentó un proyecto de ordenanza para la creación del Área de Diversidad, que fue aprobado por unanimidad. Hasta el momento no se creó, y los argumentos con que responden a los reclamos del colectivo TLGBINB metanense son insuficientes. Con expresiones como: “Nación no está enviando los fondos suficientes para crear el área”, funcionarios como el referente de Desarrollo Social, Mauro Aguirre; o Yamila García, de la secretaría de Derechos Humanos, continúan postergando la creación de un área que debe abordar una problemática que requiere soluciones urgentes. Yamila informó que las problemáticas del colectivo trans se abordan desde un equipo interdisciplinario que depende de planes y programas nacionales. También aseguró que el Área de Diversidad, se creará a través del “Programa Generar” que depende del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, una vez que reciban los fondos necesarios.
Sin embargo, en las reuniones que mantuvieron entre el grupo MET (Movimiento Disidente de Metán) y las autoridades municipales, las respuestas fueron poco alentadoras. La ordenanza de cupo laboral trans que se aprobó el año pasado no se implementa. Aún no ingresó ninguna persona a trabajar según expresaron desde la agrupación, y tampoco se hizo una convocatoria para la inscripción de personas trans interesadas en el ingreso.
La lucha es la organización, en las calles y en los medios
A fines de junio de este año, organizaciones de mujeres y disidencias se pronunciaron contra la Secretaría de DDHH de la Municipalidad de Metán por “Usarlxs en época electoral”, porque publicaron un comunicado que falta a la verdad.
El pronunciamiento indicaba que hay varias denuncias públicas y judiciales a sus funcionarios por violencia de género y acoso sexual, y en todos los casos los violentos fueron protegidos por el mismo Intendente.
La gota que rebasó el vaso fue un parte de prensa que aseguraba que se “sigue asistiendo a víctimas de violencia y personas del colectivo LGBTIQ+”, hecho que llevó al grupo MET a repudiar y desmentir públicamente el informe emitido desde el municipio de Metán.
“Durante la pandemia NUNCA esa secretaría asistió a la comunidad LGBTIQ+ de esta localidad.
Repudiamos que en época electoral se NOS USE, con ese comportamiento siguen usando a nuestra comunidad tan golpeada y excluida.
En esa intendencia tenemos compañeras acosadas, burladas y NUNCA SE APARTÓ AL ACOSADOR DEL LUGAR DE TRABAJO. ¿Ahora se acuerdan de las disidencias? Walter Astorga se burló del lenguaje inclusivo ¿esa es la asistencia que hicieron?”, publicaron desde MET, para marcar la distancia entre la realidad y el discurso político.
“La Tía Janet” o el cupo que dice mi nombre.
La ordenanza de cupo laboral trans en San José de Metán, “La Tía Janet”, se aprobó a fines de junio del año pasado. El nombre homenajea la trayectoria de una mujer trans pionera en la lucha por los derechos del colectivo, tan degradados por la sociedad actualmente, pero mucho más en décadas anteriores.
“Soy una mujer trans de 56 años que en una época difícil pude estudiar, tuve el apoyo de mi madre, una mujer incondicional que puso el pecho para ayudarme en todo”, relató Janet Ruiz a Agencia Sudaka TLGBINB.
“Desde los 5 años ya me percibía como nena, y era una gran lucha. Pude estudiar, recibirme y ejercer como enfermera profesional, aunque con muchos inconvenientes porque tenía que esconderme. Era Janet en mi casa y en lugares privados, pero en mi trabajo otra persona, porque esas eran las condiciones para poder trabajar”.
También indicó que luego de trabajar más de 30 años en una institución privada, se quedó sin trabajo porque la empresa decidió que no era conveniente emplear a alguien que luchaba por los derechos, y discutía con empresarios y gremialistas. Desde agosto del 2017 trabaja como enfermera domiciliaria, pero solo de día porque tanta violencia laboral y familiar le provocó una fibromialgia que padece desde el 2016.
Janet Ruiz señaló que la ordenanza lleva su nombre porque la consideran una referente, siempre pendiente de las necesidades y problemáticas de sus compañeras. Sobre esa relación dijo: “Siempre hablé con ellas, las acojo, así que eligieron que la ordenanza de cupo lleve mi nombre. Es como un homenaje en vida. Fue decisión de todas ellas y por supuesto que me sentí halagada, porque soy una convencida de que los homenajes a los seres humanos tenemos que hacerlos en vida”.
Respecto a la ordenanza, sostuvo que no se implementa. Que el intendente prometió confeccionar una lista de aspirantes como se rige el gremio de SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales), pero despreciaron ese formato, ya que lo consideran arbitrario y patriarcal. Y de todas maneras no se cumplió.
“Estamos a punto de nuevas elecciones aquí en Salta. Nosotros venimos protestando en las calles, con marchas, y el municipio, en un intento de calmar las aguas, convocó a Agustina Valor, una chica trans referente de ATTTA, para que trabaje en el área de acción social suponiendo que así calmarían las aguas. Lamentablemente esta chica no avisó a las demás compañeras, negoció ella sola con el intendente, y de pronto apareció con trabajo y eso le dolió mucho a todo el colectivo trans metanense. Porque acá la lucha es colectiva, no individual”, afirmó la activista.
Sobre la situación de Virginia Caldez, Janet reconoció las violencias que sufrió, desde la expulsión familar, la situación de prostitución, y ahora el acoso laboral por sus propios compañeros del estado municipal. También indicó que no se toman medidas al respecto o son insuficientes: “O lo cambian de área o siguen trabajando en el mismo lugar y a ella la tratan de loca. Porque a las que decimos verdades y peleamos por nuestros derechos es lo primero que nos dicen, que somos locas”.
“Quiero pasar por cupo a reparticiones nacionales”.
En la generosa entrevista que brindó Thiara Virginia, su discurso es contundente. “Los funcionarios de Metán no están dando cumplimiento al cupo laboral trans que, además, ahora es ley nacional. Todo lo contrario, si las convocan precarizan a las compañeras, porque un contrato de locación es eso, es un contrato de miseria”, indicó.
Además, hablan de temas que nos toca muy de cerca y no saben de qué están hablando o tratan temas con mucha irresponsabilidad, como por ejemplo el del VIH. Y esto sucede porque no convocan a profesionales competentes en la materia.
Derechos Humanos estuvo ausente siempre en Metán. Atravesé una pandemia totalmente olvidada, pedí auxilio al municipio, a ex funcionarios, hasta le pedí ayuda al mismo intendente y jamás las obtuve.
La decisión de nuestro presidente de promulgar nuestra ley de cupo e inclusión viene a sanar, a dar alegría, a nuestro colectivo tan lastimado y censurado.
Ella señaló que tienen a su lado a una “abogada inclusiva”, María Laura Thomas, que les brinda contención. “Nos tramita papeles para terminar los estudios, nos acompañó en la pandemia con mercadería, nos propició espacios en la radio, un local de yoga para compañeros gays”. Y agregó, “Una excelente profesional, trabaja en Tribunales. Ella me llevó a realizar las denuncias hacia los acosadores, porque en ese momento me sentía muy sola”.
Por último resaltó que se dé cumplimiento a la ley. Antes rogábamos y pedíamos por favor, ahora exigimos porque es ley. Yo quiero se concrete conmigo el cupo laboral trans y pasar a reparticiones nacionales. Porque debo y deseo abandonar la municipalidad, ya que me faltaron el respeto, me amedrentaron, me acosaron, deseo ir a nación, comenzar de nuevo”.
El próximo paso es hacer una denuncia administrativa ante el organismo correspondiente, a pedido de la profesional referente del “Programa Acercar Derechos” que depende del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
Virginia no está sola.
“El programa es muy nuevo, se lanzó el 4 de junio pasado y, llega al ministerio, a partir de un plan de erradicación de las violencias por motivo de género que se lanzó el año pasado y viene a cubrir muchas expectativas”, nos informó la coordinadora provincial por Salta, la profesora de psicología Andrea Andrade.
Efectivamente, el Programa Acercar Derechos (PAD) es una política para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia, a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país. Es un programa integral porque implica trabajar de manera coordinada en los distintos niveles del Estado y con organizaciones sociales y comunitarias, reconociendo las particularidades y dinámicas que adquieren las violencias de género en los distintos territorios.
“El caso de Virginia nos llega derivado del Área de Diversidad del Ministerio. En su caso, hicimos un asesoramiento legal, a dónde dirigirse porque a la víctima le cuesta mucho reconocerse desde ese lugar de víctima y poder dar el siguiente paso que es hacer una denuncia. Virginia vive y sufre un caso de violencia laboral que es muy complejo, que viene de larga data. Porque ella recurría a la autoridad jerárquica, porque las situaciones continuaban y no paraban. Entonces siempre la recomendación nuestra es hacer la denuncia, en caso que la persona esté dispuesta a hacerlo, y poder llegar hasta las últimas consecuencias. Porque es importante que la justicia tome conocimiento y actúe. Por otro lado, consideramos que la salud es fundamental, es por eso que le brindamos contención psicológica, psíquica, contención de redes comunitarias. Porque además Virginia es una compañera militante, que es referenta para otras compañeras y no está sola”, explicó Andrade.
