Salud mental: radiografía de la situación en la Argentina

Desde hace años, en el país no se cumple con el mínimo presupuestario establecido por la Ley de Salud Mental.

Los especialistas destacan otros incumplimientos de la norma sancionada en 2010, como la continuación de la existencia de los manicomios, y exigen voluntad política para su implementación.

La pandemia tuvo efectos importantes en el aumento de la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, los trastornos en el sueño y el uso de sustancias.

Además de las consecuencias de la pandemia del coronavirus, varios son los sucesos que ocurrieron en los últimos meses que llevaron a la salud mental a estar en el centro de la agenda. Primero fue el hecho que tuvo como protagonista a Santiago “Chano” Charpentier, ex cantante de la banda “Tan Biónica”, por recibir un disparo en el abdomen después de intentar atacar a un policía en su casa de Exaltación de la Cruz. Hace unas semanas, al menos 24 personas murieron luego de consumir cocaína adulterada en la Provincia de Buenos Aires y más de 80 personas terminaron internadas debido a la intoxicación.

¿Qué ocurre con la Ley de Salud Mental y su implementación ? ¿Cuál es el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas? ¿Qué acciones se están impulsando desde el Gobierno nacional? A continuación, 4 datos que tenés que saber sobre la situación de la salud mental en el país.

Una ley con puntos que no se implementan

La Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada en 2010, durante el primer gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), y prevé, entre otras cuestiones la sustitución de las instituciones psiquiátricas monovalentes -de una sola especialidad (psiquiatría) y que funcionan como instituciones de encierro- por un sistema de atención en salud mental de base comunitaria que respete los derechos humanos.

Según pusieron en evidencia distintas organizaciones civiles, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la implementación de la norma cuenta con varios incumplimientos, como la continuación de la existencia de los manicomios a pesar de que en 2020 se cumplió la fecha límite dispuesta para sus cierres.

De acuerdo con el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, realizado en 2019, aún existen 162 instituciones monovalentes públicas y privadas en todo el país, y hay 12 mil personas internadas en ellas, con un promedio de tiempo de internación de 8,2 años.

Las organizaciones denuncian que el sistema de salud mental argentino continúa siendo hospitalo-céntrico y no tuvo cambios de fondo desde la sanción de la ley. “Tampoco han logrado el cese de las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las personas institucionalizadas por motivos de salud mental en nuestro país”, sostuvo la ACIJ en un documento a 10 años de la sanción de la norma.

La falta de capacitación y la brecha en la atención

Otros puntos que denuncian las organizaciones es la insuficiente atención de la salud mental a nivel primario [N. de R: la atención primaria de salud garantiza a las personas una atención integral de calidad lo más cerca posible de sus lugares habituales], la no garantía de la atención de la salud mental en todos los hospitales generales y la carencia de la formación necesaria -entre el personal de la salud en general y trabajadores de la justicia- para implementar la ley.

“La atención de internación sigue concentrada en los hospitales psiquiátricos en lugar de garantizarse que los hospitales generales empiecen a contar con atención ambulatoria y de internación”, señaló a Chequeado Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Y agregó: “También existe una brecha de atención: la mayor parte de la población que tiene necesidad de asistencia en salud mental no la recibe. Aplicar la ley implica también llegar a todas esas personas y que la atención no esté concentrada en determinadas instituciones”.

En la misma línea, Manuel Vilapriño, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) sostuvo: “En general lo que es el acceso a la atención primaria en salud mental es muy complejo, hay pocos profesionales y mucha demanda. En la parte privada también ocurre con las obras sociales. Cada vez hay más profesionales que desisten de atender con prepagas u obras sociales, porque la complejidad de las problemáticas son cada vez mayores”.

El problema del presupuesto

En un análisis de febrero de 2021, la ACIJ señala que, según la ley de 2010, el Estado nacional debe destinar el 10% del gasto total de salud al área de salud mental. Pero esto no ocurre: el presupuesto vigente -que incluye a la Sedronar, junto a la actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del Ministerio de Salud de la Nación y los fondos de 2 hospitales nacionales- bajó al 1,27% en 2021, el número más bajo del análisis desde 2012, según datos brindados por ACIJ.

“Todavía la salud mental no ocupa un lugar prioritario en la asignación de recursos, entonces vemos la necesidad de que la inversión aumente y se distribuya de acuerdo a la ley, para comenzar a garantizar que todos los centros de atención primaria y los servicios en los hospitales generales provean atención en este campo”, agregó Quiroga.

Además, los especialistas destacaron, en diálogo con este medio, que también existe una estigmatización por parte de la población en torno a la “peligrosidad”, que no contribuye a priorizar la salud mental en la agenda pública.

“Ya antes de la pandemia teníamos un problema grave. No es un déficit de ahora, sino es histórico, de hace 20 años, por lo menos. La salud mental no ha estado en la agenda política, nunca fue el foco. A la clase política siempre le costó visibilizar la gravedad de lo que es no ocuparse de salud mental, un tema que debería ser, a nuestro entender, una política de Estado”, coincidió Vilapriño.

En octubre último, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Salud Mental 2021/2025, con líneas de acción para la implementación de la Ley de Salud Mental.

En enero último, en una reunión conjunta con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en Ginebra, la ministra de Salud Carla Vizzotti explicó que, “ante el alarmante aumento de los padecimientos de salud mental a partir del impacto de la pandemia, la Argentina inició un abordaje transversal, intersectorial y comunitario de la salud mental que reforzó mecanismos de coordinación y apoyo psicosocial en emergencias, y promovió la capacitación y actualización del diseño de protocolos

Chequeado consultó al Ministerio de Salud de la Nación para conocer el estado del plan, pero al momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Los efectos de la pandemia en la salud mental

La pandemia tuvo efectos en el aumento de la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, los trastornos en el sueño y el uso de sustancias.

Como se explica en esta nota, un equipo del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y la Universidad de Harvard realizó una encuesta a 10.053 personas en la Argentina durante la primera semana de cuarentena. Las personas encuestadas mostraron síntomas sustanciales de ansiedad y depresión, más aún, el 33% informó posibles síndromes depresivos, y el 23% posibles síndromes ansiosos. Esta situación afectó, especialmente, a las personas más jóvenes, de 18 a 25 años.

Otro grupo de investigaciones puso el foco en las personas que ya padecieron COVID-19. Según un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA, se reportaron mayores tasas de trastornos mentales y neurológicos luego de haber sido infectados. “Los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos e incluso los trastornos psicóticos son más probables luego de haber sido infectado por COVID-19”, concluyeron. Chequeado