Criminalizan toma de terreno en Anta: luego de una operación política, detuvieron a un joven por tomar un terreno de ‘La Moraleja’

Desde hace un par de semanas comenzó una operación política liderada por conocidos opositores al oficialismo anteño, el ataque político-mediático a la justicia decantó en la detención de un joven sin techo que se instaló en parte de los terrenos de la multinacional.

El delegado del asentamiento “La Fortaleza”, en tierras de La Moraleja, Elías Salcedo (30), se encuentra detenido en la comisaría de Las Lajitas desde el sábado 20 de agosto acusado por “usurpación”.

La policía también secuestró la documentación que tenía de las familias asentadas, que en estos momentos son 350. Además su pareja, Melisa Castillo, dijo que en la dependencia policial, se enteraron que hay otro vecino de la ciudad, que no estaba en la toma, pero está privado de la libertad por la misma causa desde el jueves 18. La mujer anunció que este lunes realizarán una marcha a las 9 de la mañana pidiendo la libertad de ambos.

El pedido de detención fue realizado por el fiscal de Rosario de la Frontera que se encuentra de interino en Anta, Oscar López Ibarra, y la orden fue dada por el juez Héctor Sebastián Guzmán. 

La titular de aquella Fiscalía es María García Celeste Pisacic, quien en todo este tiempo no respondió a los pedidos de audiencia de conciliación que hicieron los asentados, incluso en carácter de “urgente” con una representación letrada el año pasado. Cuando comenzó la toma, la multinacional realizó la denuncia por usurpación. Sin embargo, la carátula de la causa ahora es por “usurpación en perjuicio de la administración pública”, circunstancia que aún no fue explicada por los funcionarios intervinientes.

Los abogados Pedro Brizuela y Alejandro Achtar, quienes ejercen la defensa de Salcedo, realizaron ya un pedido de libertad. “En razón de que es totalmente ajeno a los hechos que se le imputan, no se vislumbran posibilidades de que el mismo pueda evadir la Justicia, además de que tiene su familia y trabajo en Las Lajitas”, fundamentaron en el breve escrito.

“El sábado pasadas las 10 de la mañana, llegó la policía, con una orden de allanamiento y detención a mi marido, Elias Salcedo”, explicó su pareja, Melisa Castillo. La mujer indicó que la policía mediante engaños solicitó inspeccionar su vivienda, de plástico. “La hoja que nos leyeron los policías decía que tenían una orden porque habíamos comprado un teléfono robado”, indicó. 

Sin embargo, “me llamó la atención cuando los policías encontraron los cuadernos de la gente del loteo, donde teníamos anotado quiénes estaban, cuántas personas eran, los números de DNI y su documentación. Cuando encontraron esa documentación, ahí terminó la búsqueda de ellos”, relató a Salta/12 Castillo. Esa documentación fue secuestrada.

Castillo dijo que la policía en ese momento les dijo que no encontraron lo que fueron a buscar y les pidió que los acompañen hasta la comisaría para que firmaran una constancia de ello. “Cuando termina el allanamiento, nos dicen vamos a firmar un papel, que no encontramos lo que vinimos a buscar. Nosotros fuimos, porque nunca compramos un teléfono robado”, relató a Salta/12 Castillo.

MANIOBRAS POLÍTICAS QUE PERJUDICAN A LOS MÁS POBRES

Este joven, como las 350 familias sin techo de Las Lajitas quedaron en el medio de operaciones políticas realizadas por un conocido sector de la oposición de Anta, donde un alto funcionario judicial con causas que pesan en su haber juega un rol importante enviando mensajes intentando incidir en la agenda periodística anteña para realizar notas contra dos legisladores ‘imputados por este tema’.

Estas operaciones decantaron en la detención injusta de Salcedo, donde le endilgan una causa por toma de tierras de la empresa de La Moraleja, que en un primer momento habían manifestado al municipio las intenciones de donar esas 5 hectáreas en las que actualmente asentaron las familias sin hogar digno.

Cabe resaltar que este accionar de la justicia es un claro mensaje a todas las personas pobres sin techo, donde se las criminaliza, cuidando sobre todo los terrenos de una multinacional que desmonta y destruye el medioambiente, conocida por explotar a trabajadores migrantes eventuales, que se enriquece exportando productos al extranjero generando millones de ganancias que ni siquiera dejan en Anta. Esta multinacional es tan poderosa que además, tiene mucha influencia sobre el poder político local, al punto de incidir en la toma de decisiones del intendente.

En marzo de este año, el intendente Fernando Alabi se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo. Tras la reunión, ambos funcionarios expresaron su preocupación por “destrabar el conflicto” de la toma y éste último enfatizó su interés por la “inversión privada”.

“Vecinos de Las Lajitas usurparon tierras de La Moraleja, es un problema que lleva un año y no se puede resolver pero tenemos toda la confianza en que el ministro va a ayudar a destrabar esta situación”, sostuvo el intendente Alabi luego de aquella reunión con Cornejo.

Cuando la multinacional La Moraleja, habló de donar las 5 hectáreas pusieron como condición que las familias asentadas se retiraran del lugar.

Si bien en el Código Penal prevé la usurpación, pero en toda la región anteña como en la provincia de Salta, solo se activa cuando se trata de personas pobres, con los poderosos la justicia no es tan rápida y en muchos casos además es ciega, por ejemplo cuando se trata de funcionarios públicos y personas con poder, les dejan dormir sus causas.

Para tener en cuenta, es necesario mencionar una de las tantas aristas de este conflicto, y es que desde un sector político de Anta están operando para la criminalización de la toma de terrenos presionando a la justicia para disciplinar a las personas pobres sin techo.