El Sindicato de Prensa de Salta (SIPRENSAL), la Asociación de Periodistas de Salta (APES) y la Asociación de Movileros de Salta (AMOSAL) emitieron pronunciamientos advirtiendo condicionantes y posibilidad de censuras hacia la prensa incluidas en el último punto del protocolo lanzado por el Ministerio de Seguridad y Justicia por cortes de ruta. Cabe mencionar que desde que asumió este primer mandatario macrista en la provincia se violó innumerable veces el libre ejercicio de la profesión.
El Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, a cargo del ex juez Marcelo Domínguez, lanzó el “Protocolo de Actuación de las fuerzas de seguridad del estado provincial en manifestaciones públicas”, que busca eliminar los cortes de ruta.
En el último punto de este protocolo se hace mención a los medios de comunicación y anuncian que “los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos. De igual modo deberán actuar los medios de comunicación audiovisuales que requieren el uso de vehículos de trasmisión debiendo ser ubicados en áreas que no interfieran con los procedimientos de la fuerza de seguridad peor que, al mismo tiempo, las garantice la adecuada cobertura y emisión de la información”.
Ante ello, la comisión directiva del Sindicato de Prensa de Salta (SIPRENSAL) expresó que el protocolo da legalidad a las acciones que criminalizan las protestas y advirtió que “se disponen condicionantes que pueden ser discrecionales para el trabajo que cabe al sector de periodistas al momento de hacer las coberturas”.
“Exigimos a las autoridades provinciales revisar el último punto del protocolo que entendemos, es el que puede causar una censura al trabajo de comunicación que siempre debe ser garantizado en el marco de total libertad”, expresaron.
También, la Asociación de Movileros de Salta (AMOSAL) resaltó mediante un comunicado que “ven con suma preocupación el avance de normativas gubernamentales que atentan contra la libre tarea de periodistas y comunicadores de informar, en base a los derechos adquiridos luego de históricas y denodadas luchas. Son los periodistas de calle o Movileros, los que mayormente se encuentran con la respuesta del ataque ante la búsqueda de las realidades que la sociedad debe conocer“.
En el mismo sentido, el presidente de la Asociación de Periodistas de Salta (APES) Fernando Primero Climent manifestó a Nuevo Diario que dicho punto del protocolo es “una nueva muestra del ataque al ejercicio del periodismo”.
“No pueden inferir en algo que ya está en la Constitución, en las pocas leyes que a nosotros nos amparan como periodistas y trabajadores de prensa. Incluso, no se puede prohibir que un ciudadano registre los operativos públicos por funcionarios públicos”, señaló.
Climent remarcó que los periodistas tienen la facultad de registrar y cubrir cualquier acto público, por lo que el hecho de que el Ministerio de Seguridad y Justicia se considere el ente que puede autorizar o no coberturas de prensa, es un atentado contra el ejercicio de la profesión.
Asimismo, sostuvo que durante años se ha solicitado que las fuerzas de seguridad no obstruyan el trabajo de la prensa y no viceversa. “Los que hacemos cobertura sabemos muy bien cuales son nuestras limitaciones para no ponernos en riesgo ni entorpercer a nadie. Con esa excusa detenien a colegas y después tenemos que pedir explicaciones y ellos pidiendo disculpas. Nosotros no entorpercemos, la Policía entorpece nuestro trabajo”, remarcó.
Por último, Climent manifestó que no buscarán tener reuniones ni con funcionarios ni con legisladores “porque ya tuvieron muchas” con pocos resultados.
