CASACIÓN ANULÓ EL SOBRESEIMIENTO DE UN INTENDENTE TUCUMANO ACUSADO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
El funcionario es investigado por permitir la existencia de dos vaciaderos clandestinos de basura ubicados en la margen del Río Salí, donde se depositan residuos contaminantes.
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones ara el caso del funcionario municipal en la ciudad de La Banda del Río Salí, provincia de Tucumán.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone, revocó el sobreseimiento dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en beneficio del intendente del municipio tucumano de La Banda del Río Salí, Jorge Darío Monteros.
El funcionario había sido imputado por permitir la existencia de dos vaciaderos clandestinos de basura, ubicados en la margen del río, en los que se depositan residuos contaminantes.
De este modo, los camaristas hicieron lugar al recurso interpuesto por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Antonio Gómez, mantenido en la instancia por su colega Raúl Pleé, a cargo de la Fiscalía N°3 ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El caso
La investigación se había iniciado por una denuncia efectuada en 2011, que daba cuenta de la contaminación ambiental generada por vaciaderos de basura clandestinos ubicados en el Municipio de La Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán. Esos predios se ubican entre los puentes “Ingeniero Oscar Barros” y “Lucas Córdoba”, y en las inmediaciones del puente de San Andrés.
El entonces responsable de la Fiscalía Federal N°1, Carlos Brito, solicitó en abril de 2019 el allanamiento de los predios donde se asentarían los vertederos y la extracción de muestras del suelo y el agua para su análisis. La medida fue autorizada por el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción y se puso en conocimiento del defensor oficial, para que supervisara el acto, ya que hasta ese momento no se habían identificado a los eventuales responsables.
El 16 de marzo de 2020, la fiscalía solicitó la declaración indagatoria de Monteros por permitir la existencia de los vaciaderos clandestinos en territorio municipal y que, por su calidad de intendente, no podía “desconocer la naturaleza de los residuos que se depositan en los mencionados basurales”.
La investigación se había iniciado por una denuncia efectuada en 2011, que daba cuenta de la contaminación ambiental generada por vaciaderos de basura ubicados entre los puentes “Ingeniero Oscar Barros” y “Lucas Córdoba”, y en las inmediaciones del puente de San Andrés.
Antes de que se resolviera la situación procesal de Monteros, la defensa planteó que las pruebas recabadas durante la investigación vulneraron el derecho de defensa y el debido proceso del imputado. El juez desestimó la presentación, pero la defensa recurrió ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Ese tribunal resolvió en septiembre pasado hacer lugar al planteo y declaró nulo el dictamen fiscal, las pruebas colectadas y todo lo actuado en consecuencia, al tiempo que sobreseyó a Monteros definitivamente. Ello motivó el recurso de casación del fiscal general Gómez, que fue mantenido ante el máximo tribunal penal por su colega Raúl Pleé.
