
•Por: Lorena López
Un nuevo episodio se suma al conflicto suscitado tras el robo millonario a la Caja de Abogados de la provincia de Salta.
Y es que, como en una suerte de punta de un iceberg, el ilícito develó otros capítulos en una historia de permanentes reclamos por parte de los colegiados que hoy piden la urgente modificación de la ley de conformación de la Caja de Abogados, que permita la participación a las minorías de los colegiados, además de la transparencia de los números y las actividades que realizan.
Luis García Vidal, quien dio los últimos detalles del proceso judicial que se lleva adelante en contra del empleado de la institución, acusado por el robo. “Junto a un grupo de abogados, pedimos participación en el proceso”, señaló.
No obstante, García Vidal analizó en profundidad los hechos: “el problema esencial es que estos organismos (Caja de Abogados) son organismos públicos porque están haciendo tareas como la previsional de una profesión determinada y que fueron creados por Ley de la provincia, es decir que el Estado ha cedido la función previsional. Son fondos públicos, dados en administración a los propios abogados que van a ser luego los beneficiarios de la jubilación”.
En ese sentido, Vidal remarcó que “tienen que ser organismos absolutamente claros de manera tal que se puedan exhibir todas las cuentas “, y explicó la necesidad de hacer permanentes estudios estadísticos “todo eso, en la Caja de Abogados no se conoce”.”El robo a la Caja de Abogados ha sido la mecha que ha prendido el fuego de lo mal que se está manejando por colegas que han estado a cargo de la misma” dijo el letrado y añadió: “Además de este robo, es otro robo las pensiones indignas que se pagan a los abogados jubilados, con montos irrisorios e inferiores a la canasta básica. Hay abogados que hicieron aportes durante más de 30 años y se encuentran con una jubilación de $120 mil y es una verdadera vergüenza”, sostuvo García Vidal.