TUCUMÁN: PROCESAN A DOS DIRIGENTES SINDICALES POR SUPUESTO ENCUBRIMIENTO EN EL CASO DE LA DESAPARICIÓN DE MARITA VERÓN

Acusados de ocultar pruebas, enfrentan prisión preventiva y un embargo millonario.

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán emitió un fallo que procesa con prisión preventiva a dos dirigentes sindicales, Norberto Manzano, Secretario General de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía – APJAE, y Carlos Alberto Rojas, representante de la delegación Tucumán de APJAE, acusados de estar involucrados en el encubrimiento relacionado con la desaparición de Marita Verón en el año 2002. La decisión judicial respalda la solicitud del fiscal Agustín Chit, quien los acusa de ocultar una carpeta que contiene fotos y documentos que podrían esclarecer el destino de Marita Verón.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada ante la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas por el Departamento Jurídico de la Fundación María de los Ángeles por la Lucha contra la Trata de Personas. La denuncia se basa en el testimonio de una fuente anónima que relató un incidente ocurrido en una reunión de afiliados de APJAE en el Hotel Bicentenario de San Miguel de Tucumán en marzo de este año. Durante esta reunión, Norberto Manzano habría afirmado tener en su posesión una carpeta con fotos de Marita Verón, sugiriendo que había fallecido en la sede del Sindicato Luz y Fuerza y su posterior traslado al Sanatorio Luz Médica bajo la supervisión del, ya fallecido, exdirigente Julio Luna y las autoridades actuales del sindicato.

Durante esta reunión, el denunciante relató detalles, incluyendo una conversación en la que Manzano mencionó la existencia de una carpeta relacionada con la desaparición de Verón, y que así mismo, abordó los problemas laborales y las presiones atribuidas a Julio Luna, el antiguo Secretario General del sindicato. Además, afirmó que él mismo había intervenido para poner fin a estas prácticas, manifestando a Luna que deje de “apretar”, pues alegaba tener una carpeta que contenía fotografías del cuerpo sin vida de María de los Ángeles, así como registros del posterior traslado del cuerpo al sanatorio que lo vinculaban al hecho.

Estos desarrollos llevaron al Ministerio Público Fiscal a citar al denunciante para confirmar su testimonio y proporcionar detalles adicionales, identificando a otros testigos dispuestos a declarar. Como consecuencia de ello, y ante la hipótesis de que Carlos Alberto Rojas le habría entregado a Manzano dicha carpeta y que la misma seguiría en el poder de este último, el MPF solicitó una serie de medidas investigativas, que incluyeron los allanamientos de los domicilios de los acusados y de la sede central de APJAE en Capital Federal, incautando documentos y dispositivos tecnológicos para su análisis pericial.

El fiscal Agustín Chit argumenta que Manzano y Rojas, como líderes sindicales, tuvieron acceso a información crucial sobre la desaparición de Marita Verón y que, presuntamente, la ocultaron, contribuyendo así a la impunidad de los responsables y obstaculizando la acción de la justicia. La denuncia original también sugiere la implicación de “gente del poder” en la muerte de Marita Verón y su posterior ocultamiento, con la colaboración de Julio Luna.

A raíz de esto, el juez José Manuel Díaz Vélez desestimó los argumentos de la defensa de los imputados y ordenó su procesamiento sin prisión preventiva, junto con un embargo de cinco millones de pesos para cada uno de ellos. Se les imputa el delito de encubrimiento agravado en relación al delito de trata de personas con fines de explotación sexual cometido en perjuicio de María de los Ángeles Verón.