TUCUMÁN: UN FUNCIONARIO MUNICIPAL Y CUATRO INVOLUCRADOS SON SENTENCIADOS POR SECUESTRO EXTORSIVO
Retuvieron a los hijos de un comerciante y al remisero que los transportaba para exigir un rescate millonario.
El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán dictaminó el procesamiento con prisión preventiva de Diego Víctor Figueroa, delegado comunal en funciones del departamento de Chicligasta, y otras cuatro personas por su implicación en el secuestro extorsivo de tres víctimas.
El incidente tuvo lugar el 20 de diciembre de 2022 en Santa Ana, donde dos hermanos, identificados como VHG y FLL, junto con el chofer del remis en el que viajaban, JRO, fueron secuestrados.
Según las declaraciones posteriores de las víctimas, fueron raptados y posteriormente trasladados a un galpón, donde los secuestradores exigieron un rescate de 7 millones de pesos bajo amenaza de daño físico. A pesar de no haberse efectuado el pago, las víctimas fueron liberadas más tarde en Gastona Sur.
La investigación incluyó el levantamiento de pruebas en el automóvil en el que se encontraban las víctimas, rastreo de líneas telefónicas y análisis de llamadas. Las declaraciones de las víctimas indicaron que uno de los secuestradores era conocido como “el patrón” o “el jefe“, posteriormente identificado como Diego Víctor Figueroa.
Durante una llamada extorsiva, el padre de los jóvenes secuestrados reconoció la voz del secuestrador y se negó a pagar el rescate. En respuesta, el secuestrador amenazó con dañar a los hijos. Finalmente, se ordenó el pago del rescate, que debía realizarse en una bolsa negra al lado de la ruta nacional 38. Las víctimas fueron liberadas después de un viaje en vehículos diferentes con los ojos vendados, durante el cual sus captores realizaron compras y cambiaron una rueda pinchada.
El juez concluyó que los cinco imputados actuaron como coautores en una empresa criminal y los procesó con prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de más de tres personas, con un embargo de 3 millones de pesos para cada uno. Este delito conlleva una pena de prisión de entre 10 y 25 años.
