El empresario, exdueño de La Veloz del Norte, enfrenta acusaciones relacionadas con su presunta participación como instigador de graves delitos cometidos contra 17 trabajadores de la empresa transportista.
La audiencia, programada para el próximo miércoles, será un momento crucial en el juicio que comenzó el 3 de octubre.
El abogado defensor de Levín, Marcelo Arancibia, anticipó la declaración del empresario durante la última audiencia, destacando que Levín sigue el desarrollo del juicio desde el estudio del abogado debido a problemas de salud que le impiden estar presente en la sala de audiencias.
Desde el inicio del juicio, el tribunal, encabezado por la jueza Marta Snopek y los vocales Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus, ha revisado el pedido de elevación a juicio presentado por el fiscal Carlos Martín Amad. Este fiscal acusa a Levín, junto con José Antonio Grueso (exjefe de personal de la firma) y Víctor Hugo Almirón (exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta), por su presunta participación en delitos de privación ilegal de la libertad, con agravantes como violencia, amenazas, e imposición de tormentos.
Levín ya enfrentó una condena en 2016 por privación ilegítima de la libertad y tormentos, relacionados con uno de los trabajadores de la empresa. Sin embargo, la sentencia no ha sido confirmada debido a apelaciones y resoluciones favorables de instancias superiores.
En este juicio, Grueso está siendo acusado como partícipe necesario de los mismos delitos, tanto en relación con la víctima anterior como con otros 16 empleados. Almirón, por su parte, enfrenta acusaciones como autor mediato. Un elemento destacado de las acusaciones es que las víctimas eran perseguidas por motivos políticos.
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron en el contexto de procedimientos policiales realizados entre el 20 y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán. Las detenciones, según la acusación, fueron realizadas por efectivos de la ex Comisaría Cuarta, donde se detuvo a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín sin una orden judicial adecuada.
Las detenciones se originaron a partir de una denuncia por fraude presentada por Levín en la misma comisaría. La fiscalía argumenta que las detenciones ilegales se llevaron a cabo a partir de una lista proporcionada por Levín, a través de Grueso, quien desempeñaba un papel clave en la empresa. Los trabajadores, en su mayoría miembros de la UTA, fueron detenidos en la comisaría Cuarta y posteriormente trasladados al penal de Villa Las Rosas.
En las últimas audiencias, la fiscalía presentó testimonios de siete víctimas que describieron las irregularidades de sus detenciones y, en algunos casos, las torturas sufridas en la comisaría Cuarta.
Fuente: Nuevo Diario
