CAUSA SOCCO INTERNACIONAL: SE SOLICITÓ JUICIO PARA LOS IMPLICADOS EN 183 CASOS DE ESTAFA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA
Utilizando engaños y presentándose como una empresa legítima, ofrecían la construcción de viviendas prefabricadas mediante contratos, solicitando grandes sumas de dinero a las víctimas sin cumplir con la entrega de las viviendas.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ha presentado una solicitud de juicio al Juzgado de Garantías 5 por estafas reiteradas (183 hechos) y asociación ilícita, en relación con ocho personas vinculadas al caso Socco Internacional.
Facundo Daniel Córdoba, señalado como líder y organizador de la banda que estafó a cientos de personas con la construcción de viviendas prefabricadas, enfrenta acusaciones junto a Celeste Valeria Salinas, Benjamín Jesús Córdoba y Rosario Del Milagro Carrazán por 183 estafas reiteradas. Además, a Córdoba se le imputa ser el jefe/organizador de la asociación.
La UDEC acusa a Facundo Tobias Ruiz, Juan Francisco Bakun, Matías Adrián González y Camilo Romero como coautores de estafas reiteradas (136, 63, 139 y 119 hechos respectivamente) y asociación ilícita, en concurso real.
Tras una exhaustiva investigación, la fiscal Salinas Odorisio concluyó que Córdoba, en su rol de jefe/organizador, colaboró con los demás acusados, cada uno desempeñando diferentes roles, utilizando engaños y aparentando ser parte de una empresa seria entre junio de 2019 y abril de 2022.
Los acusados ofrecían la construcción de viviendas prefabricadas mediante contratos para ganar la confianza de las víctimas. Posteriormente, exigían grandes sumas de dinero, las cuales los afectados pagaban sin recibir las viviendas.
En el escrito presentado al Juzgado de Garantías, la fiscal de UDEC afirmó que Córdoba y los demás acusados actuaron conscientemente, desde el inicio de la operación, sabiendo que no cumplirían con las entregas de las viviendas. Se destacó, además, que Córdoba distribuía las tareas entre los miembros de la organización, algunos actuando de manera permanente y otros de manera transitoria, con el objetivo de evitar consecuencias legales. Además, se señaló que realizaron cumplimientos parciales en algunos casos para eludir la responsabilidad penal, engañando a personas movidas por la necesidad de obtener una vivienda propia y burlando su buena fe con la única intención de obtener beneficios económicos para sí mismos.
