Esta iniciativa, que busca asegurar un marco de políticas claro y estable, tiene como objetivo principal fomentar inversiones auténticas y prevenir prácticas especulativas en el sector, considerando que no se han realizado ajustes desde el año 2000.
El foco de esta propuesta es la modificación del artículo 29 de la Ley 6611, específicamente abordando el apartado 3° para ajustar los valores asociados a los trámites mineros.
El proyecto abarca la revisión de tasas para diversos servicios, desde solicitudes de concesión de permisos hasta la manifestación de descubrimiento de minas. La intención es eliminar valores desactualizados que han resultado en la presentación masiva de trámites con costos mínimos. La inversión resultante se proyecta como un catalizador para el desarrollo de infraestructuras críticas, incluyendo áreas como carreteras, energía, salud y seguridad.
Uno de los cambios más significativos propuestos es la modificación en los costos de trámites, por ejemplo, la solicitud de cateo pasaría de 50 unidades tributarias a 400,000. El enfoque central de este ajuste es atraer inversionistas comprometidos con el desarrollo sostenible, desalentando a aquellos que buscan adquirir minas con fines especulativos o inmobiliarios.
Además, se destaca que esta revisión contribuirá a evitar situaciones en las que individuos privados adquieren grandes extensiones de tierra para exploración sin la verdadera intención de realizar inversiones. Esto ayudará a evitar procedimientos judiciales prolongados que podrían obstaculizar el desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia de Salta.
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