En un giro legal de gran envergadura, el gobernador, Ricardo Quintela, ha presentado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación económica, impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
En la acción presentada, respaldada legalmente por los prominentes abogados Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra, el gobernador Riojano pide no solo la declaración de “inconstitucionalidad manifiesta” del mencionado DNU, sino también la suspensión inmediata de su aplicación. La medida cautelar es solicitada con urgencia, respaldada por el argumento de que la vigencia del decreto firmado el pasado 21 de diciembre causa “perjuicios irreparables” y contraviene múltiples artículos constitucionales, así como disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo más destacado de esta solicitud a la Corte Suprema es la petición de “competencia originaria” para entender en el caso, fundamentada en que la causa involucra a una provincia demandando al Gobierno nacional. Este recurso legal busca una resolución más expedita del conflicto, evitando instancias inferiores y acudiendo directamente a la máxima instancia judicial.
El abogado Raúl Ferreyra, uno de los patrocinadores de Quintela, resaltó la importancia de presentar la acción en la “competencia originaria de la Corte“, destacando que esta es la “competencia jurisdiccional más importante de toda la Argentina”. Además, subrayó que la decisión del gobernador agiliza el proceso al plantear el problema jurídico directamente ante los jueces de la Corte Suprema.
La solicitud también incluye un llamado a habilitar la feria judicial de enero para resolver la causa, marcando un hito al ser el primer planteo directo a la Corte contra el DNU de Milei, que entró en vigencia hoy. La competencia originaria se justifica, según los abogados, por la naturaleza federal de la cuestión y la necesidad de abordarla de manera inmediata.
Este enfrentamiento legal añade una nueva dimensión al debate en torno al DNU de desregulación económica, que ya enfrenta una treintena de amparos en los fueros Contencioso Administrativo Federal y del Trabajo. La decisión de la Corte Suprema, en este contexto, podría tener repercusiones significativas en el panorama político y legal de Argentina.
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