DECISIÓN HISTÓRICA: EL ESTADO NO FINANCIARÁ MÁS A LA IGLESIA CATÓLICA
Esta decisión, que entró en vigor el 1 de enero de este año, fue confirmada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que concluyó el proceso de renuncia de los líderes eclesiásticos a dichas asignaciones conforme a lo establecido en la ley 21.950.
En un cambio histórico, la Iglesia Católica en Argentina ha anunciado que ya no recibirá más aportes económicos del Estado, marcando el fin de décadas de asignaciones mensuales para arzobispos y obispos.
La Iglesia inició este proceso en 2018, cuando anunció su determinación de “renunciar progresivamente” al aporte del Estado, que en ese año ascendía a aproximadamente 130 millones de pesos anuales. La CEA comunicó oficialmente que el último día hábil de diciembre de 2023 marcó la culminación de este proceso de renuncia.
En respuesta a consultas, la CEA informó que, a partir de una resolución emitida el 26 de abril de 2023 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o invalidez podrán solicitar, bajo ciertos requisitos, el beneficio de la asignación prevista en la ley, actualmente fijada en 98.000 pesos, según un comunicado oficial.
Tras el anuncio de renuncia progresiva en 2018, en julio de 2020, los obispos presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), orientado a obtener donaciones y fondos para financiar las labores pastorales en el país.
Aunque el aporte estatal solo cubría el diez por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era vital para las diócesis más necesitadas, especialmente para las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.
Esta nueva etapa plantea desafíos financieros significativos para la Iglesia, que ahora dependerá más de sus propios mecanismos de financiamiento.
