A pesar de las restricciones presupuestarias, Adorni recibirá un salario considerable de 2.6 millones de pesos, según la resolución obtenida exclusivamente por La Política Online.
En un sorprendente desarrollo, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, ha sido designado asesor del Ministerio de Defensa, generando controversias debido al fuerte ajuste en el sector público liderado por Manuel Adorni, defensor de la narrativa de “no hay plata”.
La resolución, fechada el martes 30 de enero, detalla que Adorni desempeñará funciones a partir del 1° de febrero de 2024, percibiendo la cantidad de cinco mil Unidades Retributivas mensuales. Las Unidades Retributivas, según fuentes del Ministerio de Defensa, son utilizadas para aumentar los sueldos en la administración pública. En caso de recibir solo estas unidades, el sueldo de Adorni alcanzaría los 2,623,650 pesos, una cifra que podría incrementarse con un salario tradicional.
La noticia ha generado un fuerte impacto en el Ministerio de Defensa, especialmente porque coincide con la eliminación de las horas extras para todo el personal, lo que ha suscitado comentarios críticos sobre la gestión de recursos en el gobierno.
Este nombramiento también se da en medio de tensiones crecientes con las Fuerzas Armadas, marcadas por el retiro compulsivo de militares de rango, la privatización de empresas estratégicas y la reciente eliminación de la jerarquización salarial establecida por el gobierno anterior.
La incertidumbre rodea a empresas como Fabricaciones Militares y Tandanor, que, a pesar de no presentar problemas financieros, podrían estar sujetas a privatización, según reveló LPO.
Además, existe la posibilidad de que estas empresas formen parte de un negocio inmobiliario para Eduardo Elsztain, aliado de Javier Milei, añadiendo un componente adicional de preocupación.
Cabe mencionar que LPO intentó contactar a Adorni para obtener su versión, pero el vocero presidencial no respondió, posiblemente ocupado escoltando a Karina Milei en su visita al Congreso durante la discusión de la ley ómnibus.
Este nombramiento levanta interrogantes sobre la transparencia y las decisiones en el Ministerio de Defensa en un momento crítico de cambios en la administración pública.
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