La apertura de sesiones legislativas liderada por el presidente ha dejado un amargo sabor en la boca de muchos argentinos, con extorsión a los gobernadores y manipulación flagrante de datos en su discurso político.
Desde su asunción en diciembre de 2023, Javier Milei ha abrazado sin reservas el discurso del macrismo, del cual antes se distanciaba, al hablar de “herencia recibida“, además mencionó el ajuste fiscal y la inflación, mientras se cuelga la medalla del superávit financiero en enero sin abordar las preocupaciones sobre la sostenibilidad de esta medida.
Uno de los momentos más controvertidos de su discurso fue su afirmación de que “6 de cada 10 argentinos son pobres“, una estadística que, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, surge de un “ejercicio de simulación”, lo que pone en tela de juicio la veracidad de sus palabras.
Además, omitió mencionar que los últimos datos oficiales sitúan la pobreza en un 40,1%, mucho menor que su alegato.
Milei también aprovechó la ocasión para presentar un paquete de leyes “anti-casta“, que incluye propuestas para eliminar jubilaciones de ex presidentes y limitar los mandatos sindicales, mientras destaca la eliminación de organismos estatales como el INADI, sin ofrecer alternativas concretas para abordar la discriminación, la xenofobia y el racismo en el país.
La apertura de sesiones estuvo marcada por la coerción a los gobernadores al decirles en otras palabras que “primero aprueban la ley ómnibus”, la manipulación de datos, imponiéndose sobre los primeros mandatarios para que le den el ok en todo lo que él disponga desde el DNU en adelante, en el “pacto del 25 de mayo”, hablando de una reforma fiscal.
Esto plantea serias dudas sobre su capacidad para liderar el país de manera transparente y efectiva en los próximos años.
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