La trágica historia de N. ha puesto de manifiesto la grave falla en el sistema judicial y de protección a las víctimas de violencia de género.
En Cafayate, una situación de violencia de género ha sacudido a la comunidad, revelando un caso alarmante de injusticia y desamparo.
N., quién ha estado denunciando a su exmarido J. R. por violencia física, psicológica y económica desde el 2021, sufrió otro brutal ataque el martes pasado.
Sin embargo, en un giro impensado, fue ella quién terminó tras las rejas, mientras que el agresor se llevó a sus dos hijos pequeños.
A pesar de las repetidas denuncias y la evidencia de los abusos sufridos, las autoridades no solo no actuaron para protegerla, sino que la revictimizaron al detenerla y no tomar su denuncia contra el agresor.
El abogado Álvaro Arias, quién ha tomado el caso de N., describió a En Territorios: “Fui a verla hoy (viernes). Ya presenté el pedido de libertad (…) tenía moretones por todos lados, dijo que era el hombre el que la golpeó y después la denunció como que ella lo atacó”,
El letrado señaló la “falta de perspectiva de género” con la que actuaron las autoridades, debido a que le “armaron la causa por daños, violación de domicilio, desobediencia judicial y lesiones leves”, sin embargo a ella que está golpeada “no le tomaron la denuncia” contra el agresor.
Arias indicó que interviene el Juzgado de Garantías 5 del distrito centro, allí le dijeron que “la iban a convocar a ella para que haga la denuncia en la fiscalía de Derechos Humanos”. Aunque esa fiscalía toma las denuncias por violencia policial o del servicio penitenciario, no las de violencia de género. Situación que también llamó la atención del abogado, quien consideró debe intervenir una de las fiscalías penales especializadas en violencia de género.
“Desde el martes que está detenida”, precisó Arias. La víctima le manifestó que la policía y la fiscala Rojas, “escucharon la versión de él (el agresor)” y no la de ella. El abogado dijo que intentará pedir la recusación de la funcionaria, aunque una versión extraoficial indica que ya se habría excusado.
N. le relató al abogado que J. R. “le hizo romper un vidrio con la cabeza y la golpeó en todo el cuerpo”.
A pesar de los esfuerzos por buscar justicia, las instancias pertinentes, como el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, han permanecido en silencio, sin brindar respuestas sobre la situación de N.
El relato público de N. en las redes sociales expone la negligencia de las autoridades y la impunidad con la que su agresor ha actuado. Desde la retención indebida de las libretas escolares de sus hijos hasta la falta de respuesta por parte de la fiscalía, cada paso del camino ha sido marcado por la indiferencia y la ineficacia de las instituciones encargadas de protegerla.
La solidaridad y el apoyo de la comunidad, encabezados por una militante feminista de la localidad cafayateña, han sido un rayo de esperanza en medio de la oscuridad.
Este caso no solo es un llamado de atención sobre la persistente violencia de género en nuestra provincia, sino también un recordatorio contundente de la necesidad de reformas estructurales para proteger a las víctimas y responsabilizar a los perpetradores.
Mientras tanto, N. y sus hijos enfrentan un futuro incierto, atrapados en un sistema que les ha fallado repetidamente. Nota elaborada con información de En Territorios.
