ROMERO Y LA SOMBRA DE IMPUNIDAD: DE SER INVESTIGADO POR APROPIACIÓN DE TIERRAS, A MERCADERÍA SOCIAL EN FINCA DE SU SOBRINO Y ASESOR PERSONAL
Un escándalo sacude al senador, exgobernador. Hoy se posiciona cerca de Milei con un discurso antiestado y antiperonista, pero ¿los hechos lo delatan?
En una operación encabezada por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se llevó a cabo un allanamiento en la finca del sobrino de Juan Carlos Romero, uno de los políticos más controvertidos y enquistados en el poder de la provincia de Salta.
El operativo reveló la presencia de una gran cantidad de alimentos y bienes destinados a fines sociales, ocultos en la propiedad del familiar del exgobernador y actual senador nacional, quién hoy recibe un salario de más de 7 millones de pesos mensuales por oponerse a leyes que benefician al pueblo.
El hallazgo se produjo en el marco de una investigación sobre la denuncia que realizó el intendente Emiliano Durán por el robo de mercadería de los depósitos de la Municipalidad de Salta. El involucrado es el expresidente del directorio de la “Panadería Social”, Luis Emilio Fayón Medina, que aún figura como asesor personal del senador nacional de “Cambio Federal”.
Entre los bienes incautados se encontraron sillas ortopédicas, calzado, ventanas y diversas mercaderías que deberían haber sido distribuidas entre los sectores más necesitados de la comunidad. Estos allanamientos se suman al largo historial de acusaciones que pesan sobre Juan Carlos Romero, cuyo pasado está marcado por numerosos escándalos de corrupción. No es la primera vez que el nombre de Romero aparece en una investigación judicial.
Cabe resaltar que en 2022 se reabrió la investigación por la apropiación fraudulenta de 90 hectáreas de tierras estatales en la finca La Ciénaga, originalmente destinadas a familias sin hogar. La denuncia por este caso fue presentada hace 12 años, pero la causa había sido archivada de manera sospechosa en 2018.
La fiscal Salinas Odorisio retomó la investigación para esclarecer los detalles de esta maniobra que permitió que tierras públicas terminaran en manos de la familia Romero, mediante transacciones subvaloradas y con la participación de escribanos vinculados al exgobernador.
Una investigación que pocos medios se animan a seguir, por temor a represalias como las que sufrió en 2021 Néstor Gauna, director del Nuevo Diario. En esa oportunidad, Gauna resaltaba en una entrevista brindada a Voces Críticas: “No sé si es un nuevo intento de censura o ya es una costumbre porque hay hechos que acreditan que no solamente pasó conmigo sino también con una diputada que también hizo referencia al tema de La Ciénaga en su momento en la Cámara y le llegó una carta documento donde le exigían que se retracte en la Cámara de Diputados. Entiendo que esto es una modalidad, no dejar hablar a la gente cuando tocan el tema de La Ciénaga y el nombre Juan Carlos Romero”.
Y agregó: “Yo como director de El Nuevo Diario me hice eco de unas declaraciones en FM Aries que me parecieron raras del diputado Santiago Godoy, porque él siempre fue un hombre afín a Juan Carlos. Allí hizo referencia a que en su momento la gente de CQC vino a ver por qué tierras que estaban destinadas al Programa Familias Propietarias, dirigido a personas de escasos recursos para poder tener su vivienda, terminaron en manos de la familia de Juan Carlos Romero, precisamente en la Sociedad Prados de Salta, que dirigía o dirige el actual diputado Juan Esteban Romero. Entonces dijo que si es culpable o inocente, que la justicia se expida al respecto. A mí me pareció extraño esto que dijo, por qué Godoy habló del tema, al parecer Juan Carlos Romero estuvo reunido con algunas comunidades aborígenes y comentó que no sabía por qué el gobierno no adjudicó tierras para esta gente que las necesita. Una hipocresía total. Entonces, yo lo que hice fue tomar esas declaraciones de Godoy para hacer una nota la semana pasada recordando qué pasó en La Ciénaga. La nota es informativa, no hay connotaciones personales ni mucho menos. Incluso hablé con Godoy porque él pensó que era una movida del gobierno provincial y le expliqué que lo que hicimos fue tomar sus declaraciones como disparadoras para recordar los once años de inacción de la justicia. No nos olvidemos que en su momento se imputaron a 13 personas, entre ellas Juan Carlos Romero y parte de su familia. A los dos días, recibo una notificación de la cédula de mediación donde me invitan a que no nombre más este tema. Ya me lo hicieron hace dos o tres años. Creo que juegan a la retractación, que es lo peor que le puede pasar a un periodista, pero queda subyacente esto de que a partir de ahora este tema no se toca, caso contrario va una demanda judicial por daños y perjuicios, o algo así. Se puede esperar cualquier cosa”.
Por último, Gauna consideró que Romero busca que la gente se olvide de la causa: “La verdad es que este tipo de accionar preocupa. Hay pocos abogados que se quieren meter en esto para no litigar contra la familia Romero. Creo que él jugó con el olvido de la causa, porque de hecho en marzo de este año pidió el sobreseimiento de la causa La Ciénaga y El Hangar, y solo recibió el sobreseimiento por El Hangar”.
Pero volviendo al hecho que involucra al sobrino del Magnate salteño, es necesario destacar que la indignación llegó al propio presidente Javier Milei (personaje apoyado por Romero; aunque muchos creen que es un intento de acomodo para seguir lucrando con el Estado) se hizo eco del escándalo con la mercadería.
Este nuevo hallazgo de bienes sociales en manos privadas pone en evidencia, cómo este clan ha ejercido el poder con impunidad durante décadas, siempre implicados en escándalos que afectan directamente a los más vulnerables.
