María Cash: El fiscal mencionó el “silencio de los empleadores del camionero”. ¿Se oculta un entramado de poder?
InfoSalta28 noviembre, 2024
La investigación por la desaparición y presunto homicidio de la diseñadora porteña vista por última vez en Salta en julio de 2011, ha dado un giro inesperado con la detención e imputación del transportista que fue la última persona en ver a la joven con vida.
Héctor Romero (71), el camionero detenido como principal sospechoso, realizaba un viaje entre General Güemes y Joaquín V. González, transportando mercadería para los supermercados “Miguelito”, propiedad de su empleador, Miguel Segura, empresario estrechamente vinculado al poder político local.
Segura no es un nombre menor en General Güemes. Además de ser dueño de esta cadena de supermercados con presencia en localidades del sur salteño, es padre de Daniel (actual diputado provincial del PJ) y en el 2011 era Intendente del municipio en el momento de la desaparición de Cash; en 2012, Federico, otro de sus hijos asumió como Senador por el departamento.
Este entramado de poder y negocios ahora está siendo observado con lupa por los investigadores, o al menos, interpretarían una falta de colaboración con la investigación.
LAS CONTRADICCIONES QUE COMPLICAN AL ENTORNO
El fiscal federal Eduardo Villalba, quien lidera la causa, ha sido enfático al señalar que el “silencio del entorno” de Romero es llamativo.
Además el fiscal destacó que los registros de antenas telefónicas y las demoras inusuales en el recorrido habitual del camión de Romero el día de la desaparición de María son claves para sostener la imputación por homicidio agravado.
Con lo de entorno Villalba se refirió al empleador de Romero quién conducía un camión Mercedes Benz con acoplado con el que transportaba mercadería entre ambas ciudades. El fiscal aclaró que con “entorno” también se refería “a las personas que sabían que hacía ese viaje”.
En el marco de la causa, se investigan posibles falsos testimonios de Gustavo Lemos, encargado de uno de los supermercados de Segura en Joaquín V. González, y del propio Miguel Segura que señala el fiscal como “falsos testimonios”. Ambos habrían proporcionado versiones que encubrían detalles relevantes del recorrido de Romero aquel 8 de julio de 2011.
LA RED DE PODER Y LA FALTA DE COOPERACIÓN
El vínculo entre Segura y las autoridades locales en el momento de la desaparición de la diseñadora también levanta sospechas. Si bien no hay imputaciones directas en su contra, el peso político de la familia en la región plantea interrogantes sobre la transparencia de las primeras etapas de la investigación.
La Justicia Federal busca determinar si hubo omisiones deliberadas o interferencias en las pesquisas iniciales que permitieron a Romero eludir responsabilidades por más de una década.
PRUEBAS Y NUEVAS ESPERANZAS
La imputación contra Romero se sustenta en “pruebas deductivas de análisis” que incluyen registros de antenas de telefonía celular, contradicciones en sus declaraciones a lo largo de los años y testimonios de su entorno, entre ellos, el de su hermano, quien sugirió que Romero debía “hacerse cargo” si “se mandó una macana”. Estas inconsistencias, sumadas a las recientes declaraciones del fiscal Villalba, reavivan las esperanzas de justicia para la familia de María Cash.
A medida que avanzan las indagatorias, la pregunta clave sigue siendo: ¿por qué el entorno de Romero, incluido su empleador, mantiene un silencio tan rotundo? ¿Protegen a un asesino o intentan ocultar algo más grande?
