Hacinamiento en comisarías: La Corte de Salta logra un principio de acuerdo tras denuncia por condiciones inhumanas

•Por: Lorena López

En una audiencia clave, la Corte de Justicia de Salta logró un principio de acuerdo con el Gobierno provincial para enfrentar la crisis penitenciaria que afecta a las comisarías de la provincia.

Como parte de los compromisos asumidos, se ordenó el traslado de personas condenadas, el cierre de dos dependencias en estado crítico y la creación de una mesa interpoderes para abordar la emergencia carcelaria, que ya lleva tres años sin soluciones concretas.

Un problema que no puede esperar

Este lunes, en el Salón de Grandes Juicios de Ciudad Judicial, la Corte de Justicia de Salta llevó a cabo una audiencia de conciliación en el marco del habeas corpus correctivo colectivo presentado en agosto de 2023 por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT).

El eje central del debate fue la grave situación de hacinamiento en dependencias policiales, donde más de 800 personas se encuentran privadas de la libertad en condiciones que el CPT calificó como “inhumanas”.

La audiencia fue presidida por la presidenta del Tribunal, Teresa Ovejero Cornejo, y contó con la participación de jueces de Corte, funcionarios del Gobierno provincial, representantes del Ministerio Público y de la Defensa, así como integrantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

En representación del Poder Ejecutivo provincial, asistieron el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, junto con funcionarios de distintas áreas.

También se esperaba la presencia del ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, quien no pudo asistir debido a la emergencia en el norte de la provincia.

Por parte del Ministerio de la Defensa, participaron Federico Andrés Gutiérrez, Jorge Luis Musa y Alberto Daud, designados por el defensor general Martín Diez Villa.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal ante la Corte N° 1, Eduardo Sylvester.

Las denuncias del CPT: un sistema colapsado

Durante la audiencia, el CPT reiteró las denuncias presentadas en su recurso constitucional, señalando que las comisarías funcionan como cárceles improvisadas donde las personas detenidas permanecen en condiciones de extremo deterioro.

Entre los principales problemas relevados por el organismo se encuentran:

• Hacinamiento extremo y falta de regulación específica.

• Falta de luz natural y ventilación, con celdas húmedas e incluso inundadas.

• Instalaciones eléctricas precarias y baños en estado deplorable.

• Policías sin capacitación adecuada para la custodia de personas detenidas.

• Falta de acceso a higiene, salud y contacto regular con abogados o familiares.

• Aislamiento prolongado de 24 horas sin posibilidad de salir a patios.

El principio de acuerdo: compromisos asumidos por el Estado

Como resultado de la audiencia, los organismos responsables de la custodia de detenidos asumieron tres compromisos fundamentales para comenzar a revertir la crisis carcelaria en la provincia:

1. Traslado de personas condenadas a centros penitenciarios, para evitar que permanezcan en comisarías junto con personas procesadas.

2. Cierre de dos comisarías en el norte de la provincia, debido a su grave deterioro estructural y la falta de condiciones mínimas de detención.

3. Creación de una mesa interpoderes, integrada por representantes de los tres poderes del Estado y el CPT, con el objetivo de coordinar medidas urgentes para mejorar las condiciones de detención.

El trasfondo legal: un recurso que busca cambios estructurales

El habeas corpus correctivo colectivo fue impulsado por el CPT, un organismo autónomo creado por la Ley N° 8024 con la misión de supervisar y prevenir situaciones de tortura y malos tratos en lugares de detención. La acción judicial se basa en el artículo 14, inciso d) de dicha ley, que faculta al Comité a promover acciones judiciales para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.

El recurso fue dirigido a la Corte de Justicia de Salta con el fin de obtener respuestas concretas ante la crisis carcelaria. Desde su presentación en agosto de 2023, se han registrado avances importantes, entre ellos:

• La Procuraduría General reconoció la gravedad del caso y la responsabilidad del Poder Ejecutivo.

• Distintas organizaciones, como el Colegio de Abogados de Salta, la Asociación Miguel Ragone y el CELS, se presentaron como amicus curiae en la causa.

• La Corte de Justicia asumió competencia originaria y estableció un proceso sumario para agilizar la resolución del caso.

¿Un verdadero avance o solo promesas?

Si bien el principio de acuerdo representa un paso importante, queda por verse si el Gobierno provincial cumplirá con los compromisos asumidos o si las promesas quedarán en el papel.

La crisis del sistema penitenciario en Salta no es nueva, y las condiciones de detención en las comisarías han sido denunciadas en reiteradas ocasiones sin que se produzcan cambios sustanciales.

El cumplimiento efectivo de este acuerdo será clave para determinar si se trata de un verdadero punto de inflexión en la política carcelaria de la provincia.