Ajuste en salud sexual: Centros de salud salteños sin anticonceptivos ni preservativos

•Por: Lorena López

Preservativos, anticonceptivos y métodos quirúrgicos para evitar embarazos, hoy son inaccesibles en centros de salud. El desmantelamiento de las políticas públicas pone en jaque el derecho a decidir.

En diálogo con el periodista Héctor Alí para FM Pacífico, Sofía Fernández, referenta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, alertó sobre la grave situación sanitaria que atraviesa la provincia de Salta ante el desabastecimiento generalizado de anticonceptivos y métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Según un relevamiento reciente del colectivo Ciudadana Comunicación en redes sociales, en diversos centros de salud de la zona norte de la capital salteña no se están entregando preservativos ni pastillas anticonceptivas.

“No hay nada que pueda recibir la población que acude a los centros buscando evitar un embarazo”, remarcaron.

La situación fue confirmada por Fernández, quien aseguró que el problema “no es nuevo” y que vienen advirtiendo desde hace más de dos años sobre la falta de insumos esenciales. “No es casual que encabecemos las provincias con más enfermedades de transmisión sexual. La comunidad trans lo viene reclamando hace mucho tiempo también. Este año ya se han registrado más de 200 casos”, denunció.

El recorte se da en un contexto nacional de ajuste que también impacta sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. De acuerdo a un informe del Centro de Datos de Chequeado, en 2024 el gobierno nacional redujo drásticamente la distribución de preservativos: de 4,5 millones entregados en 2023, se pasó a apenas la mitad este año. Algo similar ocurrió con los anticonceptivos de larga duración como los implantes subdérmicos, fundamentales para adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad. De los 65.740 proyectados, sólo se distribuyeron 21.770.

Fernández también apuntó a la responsabilidad de la provincia en esta emergencia: “Aunque dependan del Estado Nacional para recibir insumos, las provincias tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de las leyes de salud sexual y (no) reproductiva. Pero no sólo no se compran anticonceptivos, sino que además se están negando procedimientos como la ligadura tubaria o la vasectomía, bajo el argumento de que las personas son ‘muy jóvenes’”, denunció.

Según contó, esta negativa también es reiterada en hospitales como el Materno Infantil, donde se recibe a personas que buscan acceder a métodos permanentes de anticoncepción y se encuentran con respuestas que vulneran su derecho a decidir: “Son argumentos viejos, que no respetan la voluntad de las personas. La sola decisión debería ser suficiente, pero en los hospitales públicos hoy no se está consiguiendo”.

En paralelo, Fernández advirtió sobre la falta de insumos esenciales para garantizar interrupciones legales del embarazo: “También están faltando las drogas necesarias. Esto agrava aún más la situación y demuestra la desarticulación de las políticas públicas en salud sexual”, afirmó.

Finalmente, la referente vinculó esta situación no sólo al ajuste económico, sino a una postura ideológica que busca restringir la autonomía de las personas: “Es una medida política que responde a una visión conservadora. Se quejan de la baja natalidad y quieren que sigamos subordinadas, criando hijos que después serán nuevos trabajadores y consumidores. Ponen en riesgo nuestras vidas y nuestra libertad para decidir”.

En línea con lo expresado por Fernández, cabe recordar que semanas atrás, hubo polémicas expresiones del rector de la Universidad Católica de Salta, Rodolfo Schiavoni, quien criticó a las mujeres por no querer ser madres y priorizar su desarrollo personal.

Aunque luego pidió disculpas, sus dichos fueron considerados por diversos sectores como representativos de una avanzada conservadora que busca desmantelar derechos conquistados.

Mientras tanto, en los barrios salteños, el acceso a la salud sexual se vuelve cada vez más difícil y el riesgo para la población más vulnerable, más alto.

Frente a este panorama, desde la Campaña por el Aborto y organizaciones sociales insisten en la necesidad de exigir el cumplimiento de leyes fundamentales y visibilizar una problemática que afecta directamente la vida y el futuro.