Fiscalía de Estado apeló cautelar de juez metanense que favoreció a su ex secretaria y candidata a diputada: Presentó documento adulterado para quedarse con cargo docente

El juez Mario Dilascio vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, no por un acto de justicia, sino por una resolución que, según la Fiscalía de Estado de la Provincia, constituye “un abuso de poder judicial” y “una estafa directa al erario público”.

El magistrado dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de un dictamen de la Junta Calificadora de Mérito y favoreció a su ex secretaria, hoy candidata a diputada provincial por el partido Unidos por Salta, María Laura “Cotty” Thomas.

La funcionaria había sido apartada de un cargo docente por no reunir los requisitos legales. Sin embargo, el juez Dilascio la benefició con una resolución que fue apelada por la Fiscalía de Estado ante la Corte de Justicia de Salta.

Ante la consulta y para que el ciudadano de a pie sepa que es La Fiscalía de Estado, Pablo Buccianti explica que “ellos son los abogados del Estado”, los responsables de presentar el caso contra personas sospechosas de violar la ley, iniciar y dirigir investigaciones penales adicionales.

En esta línea el letrado indicó: “El juez había dispuesto una medida cautelar de suspender los efectos del acto administrativo que dejó sin efecto la titularización de Thomas”.

También aclaró: “Nosotros, como representantes del Estado provincial, entendemos que esa decisión judicial no corresponde, por eso fue apelada”.

Y manifestó: “El acto administrativo de la Junta tiene validez y presunción de legitimidad, aún no se agotó la vía administrativa, que como en cualquier caso, es una condición fundamental para recurrir a la justicia”.

Una historia cargada de favores y maniobras

La relación entre Dilascio y Thomas no es nueva ni inocente. Ella fue su secretaria en Tribunales antes de recibirse como abogada —título que obtuvo años después en una universidad privada— y su ingreso al Poder Judicial fue facilitado por su apellido y contactos políticos, en esa ocasión muchos fueron los jóvenes abogados damnificados y molestos con esa situación.

Sin embargo, pasado un par de años de obtener el puesto gracias a su familia, María Laura fue forzada a presentar su renuncia tras protagonizar un hecho de corrupción y tráfico de influencias: operó internamente junto a un controvertido fiscal del sur salteño en una denuncia contra la entonces intendenta de Río Piedras, Moira Dantur.

Según fuentes judiciales que se comunicaron con este medio y piden reserva: “el juez estaba de licencia, ella comenzó a operar junto a gente del Partido Felicidad, espacio al que pertenecía, y ese fiscal, contra la Intendenta Dantur, cuando Dilascio regresó, se enteró, su molestia fue demasiada, al punto de pedirle la renuncia, no la despidió porque le debe el cargo a la familia de Thomas”, pero entre sus propios compañeros de trabajo, este episodio fue considerado una intromisión política impropia desde dentro del Poder Judicial, que terminó con su salida silenciosa pero forzada.

Hoy, ese vínculo con Dilascio reaparece en forma de una resolución judicial favorable que le permite conservar un cargo para el cual no está legalmente calificada.

Es necesario destacar que Buccianti es específico al sostener que: “Con la cautelar, el juez está resolviendo prácticamente lo mismo que se pide en el amparo, pero eso está vedado”. “Una medida cautelar no puede coincidir con el objeto principal de la demanda”.

Un nombramiento irregular y un expediente adulterado

Thomas accedió a un cargo docente en Educación Artística pese a no contar con la formación específica. Su título es en abogacía, y su formación complementaria es en idioma inglés, sin vínculo con el área para la que fue nombrada. El dictamen de la Junta Calificadora anuló su titularización, ya que no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa.

Además, en el expediente presentado por la propia Thomas para justificar su cargo, se detectó una adulteración: citó el número 325, pero el expediente real era el 328, y no autorizaba su designación.

Otra de las voces que se manifestó al respecto fue Silvia Di Piazza, integrante de la Junta Calificadora, quien confirmó que Thomas “fue notificada de la nulidad, pero que desde entonces inició una ofensiva judicial y administrativa contra quienes intentaron explicarle la normativa”.

Un juez con antecedentes cuestionables

No es la primera vez que el juez Dilascio está envuelto en un escándalo. En 2021 fue señalado por frenar un allanamiento clave que podría haber evitado la fuga de los hermanos Puntano, acusados del asesinato del subcomisario Manuel Pistán en El Galpón. La decisión generó indignación en las fuerzas de seguridad, que lo acusaron de encubrimiento.

“No nos autorizó a tiempo. Los asesinos se escaparon”, fue el testimonio de un policía que participó del operativo.

El crimen de Pistán aún duele entre sus compañeros, y el nombre de Dilascio sigue siendo sinónimo de impunidad.

A eso se suma que su ascenso a juez no fue precisamente por mérito. Fuentes judiciales y políticas apuntan a la familia Hatti —poderoso clan con influencia en el sur salteño y de donde proviene la abuela paterna de Thomas— como responsable de su designación.

Un sistema en crisis

Este caso va más allá de una titularización irregular. Es un ejemplo alarmante de cómo se utiliza el aparato judicial para proteger intereses personales y políticos, en detrimento del bien público.

Además de ser una muestra clara de cómo opera la verdadera “casta judicial y política” en Salta, y puntualmente en el sur salteño, donde jueces, funcionarios y candidatos políticos se amparan mutuamente en un círculo de impunidad.

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