Romina Barboza, fue señalada por empleadas del cuerpo legislativo, integrantes de una ONG hospitalaria y concejales, por supuestas amenazas, abuso de poder y hostigamiento. Otra vez la mujer reconocida en Metán por saltar de partido en partido político para seguir viviendo del Estado y haber actuado como encubridora de un ex concejal pedófilo, es noticia.
Tres trabajadoras podrían quedar sin empleo tras negarse a participar en la campaña de la lista que apoyaba a Gustavo Dantur, mientras crecen las críticas por su rol en una mediación donde se exigió la devolución de $200.000 destinados al Hospital del Carmen por una maratón celebrada en octubre pasado en esa localidad.
Según denuncias recibidas en este medio, tres empleadas del cuerpo legislativo que dependen del bloque de la ex militante Radical, luego del PRO y ahora Peronista, se encontrarían en situación de extrema vulnerabilidad laboral tras haber presentado certificados médicos por estrés, lo que estaría vinculado (siempre de acuerdo a sus testimonios) a situaciones de hostigamiento.
Fuentes que solicitaron reserva de identidad por temor a represalias, afirmaron que las trabajadoras fueron advertidas verbalmente que “si no colaboraban en la campaña política de la lista que llevaba como candidata a convencional constituyente a Barboza, no continuarían en sus cargos”.
Las empleadas optaron por no involucrarse en la campaña electoral y actualmente temen represalias. Los trabajadores del Concejo afirmaron a InfoSalta que: “esta semana, la presidenta habría solicitado la intervención de una auditoría médica para evaluar sus licencias”.
“Ella se instala en mesa de entrada a controlar todo, no nos deja trabajar tranquilos”, declaró uno de los empleados que contactó a InfoSalta.
Agregó que “el año pasado estas mismas trabajadoras hostigadas eran llevadas a cumplir tareas fuera de su función, como limpiar un local de comidas heredado por la presidenta”.
A mediación para que devuelva los fondos de una maratón
Otra de las situaciones bajo la lupa involucra a Barboza en su rol de tesorera de la Cooperadora del Hospital del Carmen. Según versiones internas, se habría demorado durante cuatro meses la entrega de una donación de $200.000 aportada por la empresa Fluxa S.A. durante la maratón de concientización sobre cáncer de mama en octubre de 2024.
”Ella nos dijo que el dinero estaba en el Banco, pero cuando lo devolvió, lo hizo en efectivo, sin presentar comprobante de movimientos, suponemos que eran 200 mil pesos por lo que fueron sus palabras”, manifestaron tres de los integrantes de la ONG.
El 7 de febrero pasado, la abogada Belén Martín ofició de mediadora en un encuentro entre representantes de la cooperadora (entre ellos, el abogado Víctor Gómes) y Barboza, con el objetivo de resolver el traspaso de los fondos.
La reunión fue promovida por un grupo de colaboradores, entre ellos el actual concejal del PRO, José Luis Rodríguez, que no estuvo presente esa tarde en el Centro de Mediación.
Algunos miembros de la cooperadora señalaron que, tras sentirse “cuestionada”, Barboza abandonó el grupo de WhatsApp institucional el 19 de diciembre y presentó su renuncia a la presidencia de la ONG.
Sin embargo, sigue formando parte de la misma, lo que habría sido fruto de un acuerdo interno: “Pidió que no la echen, a cambio de conseguir beneficios desde su lugar en el Concejo”, confió una fuente cercana.
Mal clima institucional y renuncias
El pasado 7 de agosto, el medio El Vocero, informó que las concejales Ana Sol García Mendoza y Emma Lanocci renunciaron a sus cargos de vicepresidencia dentro del Concejo, según indicaron, por no tolerar más el clima laboral generado por la presidenta.
“El maltrato y el griterío son constantes”, manifestó a El Vocero, una de las involucradas del cuerpo legislativo.
No es la primera vez que se denuncia públicamente el estilo de conducción de esta abogada conocida por saltar de partido en partido con tal de vivir del Estado.
En el pasado, Sergio “El Cabo” Márquez, aseguró haber sido falsamente denunciado por violencia de género para impedirle ingresar al recinto. La causa fue archivada por falta de pruebas.
Además se suma a su historial de cuestionamientos, su rol como encubridora de su amigo, el ex concejal del PRO, Raúl Ledesma, condenado por pedofilia.
Sospechas y silencios sobre su “poder” creciente
Durante una breve suplencia como intendenta interina en ausencia de José María Issa (quien se encontraba en el exterior), algunas versiones internas sostienen que Barboza habría gestionado documentos con la firma del intendente.
Aunque es necesario destacar que ese dato no ha sido confirmado oficialmente y no existen denuncias formales al respecto. Las fuentes consultadas evitaron pronunciarse o brindaron respuestas ambiguas, lo que aumenta las sospechas, aunque no permite arribar a ninguna conclusión legal.
También se menciona su vinculación política fluctuante: de origen radical, pasó por Juntos por el Cambio y actualmente se referencia en el peronismo. Algunos la relacionan con figuras del oficialismo provincial, como el vicegobernador Antonio Marocco.
El uso de voceras en redes
Voces internas del Concejo aseguran que Barboza se apoya en una vocera externa (una mujer muy peligrosa, que reside en Córdoba, con antecedentes penales en causas por violencia, hostigamiento y amenazas) para sostener un discurso intimidante en redes sociales. Esta persona, que ahora actúa como portavoz informal de la presidenta fue “absuelta” en causas judiciales por “el beneficio de la duda”, pero el fallo no descarta que haya habido delito.
Si bien hasta el momento no existen procesos judiciales abiertos en contra de Barboza, las múltiples denuncias informales configuran un patrón preocupante que merece atención institucional.
•Nota del editor:
Esta publicación se realizó en base a testimonios recogidos por este medio, documentos aportados por fuentes reservadas y hechos públicos de conocimiento general. InfoSalta ofrece a la presidenta del Concejo Deliberante de Metán, el espacio correspondiente para ejercer su derecho a réplica.
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