El Ministerio Público Fiscal reconoció que incumplió la “Ley de acceso a la Información” durante cinco años por eso lanzó un plan “tardío” de transparencia
La declaración, contenida en una resolución oficial publicada en el Boletín del Ministerio Público N° 1623, marca un punto de inflexión en la gestión de la información pública en la provincia.
En una admisión inusual para un órgano del poder judicial, el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, reconoció públicamente que el Ministerio Público Fiscal no cumplió con las obligaciones establecidas por la Ley de Acceso a la Información Pública durante los últimos cinco años.
La normativa nacional —Ley 27.275, sancionada en 2016— garantiza a toda persona el derecho a solicitar, recibir y difundir información pública en poder del Estado.
Salta adhirió a esta legislación a través de la Ley Provincial 8173 en diciembre de 2019. Sin embargo, entre la adhesión y el presente no se diseñaron ni implementaron mecanismos institucionales que garanticen el ejercicio efectivo de ese derecho dentro del Ministerio Público.
La resolución firmada por García Castiella no sólo deja al descubierto el incumplimiento sistemático, sino que lo justifica parcialmente apelando a “limitaciones presupuestarias y de personal” y a la “naturaleza sensible” de la información judicial en poder del organismo.
Pese a esas explicaciones, lo cierto es que durante este tiempo el Ministerio Público omitió designar una autoridad responsable de acceso a la información, como exige el artículo 28 de la ley, y tampoco dispuso canales claros para que la ciudadanía pueda requerir datos ni cumplió con las obligaciones de transparencia activa.
La omisión se vuelve más grave al considerar que el derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido por organismos internacionales como un derecho humano, fundamental para el control ciudadano sobre los actos de gobierno y para el fortalecimiento de la democracia.
Un plan de transparencia que llega tarde
El Ministerio Público Fiscal anunció, también mediante la misma resolución, el lanzamiento de un “Plan de Información Pública Transparente y Abierta” que se ejecutará en tres etapas: lanzamiento, organización y consolidación. En la primera fase, actualmente en curso, se creó una comisión ad-hoc integrada por funcionarios internos que relevarán el estado actual de la información pública en el organismo.
La segunda etapa —que depende de la aprobación del presupuesto 2026— prevé la creación de una Secretaría de Acceso a la Información Pública, una estructura institucional dedicada específicamente a garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, hasta entonces, no habrá recursos asignados formalmente para cumplir con las obligaciones legales vigentes desde hace años.
Transparencia pendiente
La decisión del procurador García Castiella llega tras años de críticas de organizaciones, periodistas y sectores académicos por la falta de apertura en el sistema de justicia salteño. Pero también es necesario aclarar que este funcionario comenzó su gestión hace cuatro años atrás.
Si bien la resolución destaca acciones como la adhesión al programa “Datos Judiciales Abiertos” en 2017, ninguna de estas iniciativas suplió las obligaciones previstas por las leyes nacional y provincial en materia de acceso a la información.
Hasta el momento, no hay datos públicos sobre cuántos pedidos fueron ingresados al Ministerio Público ni cómo fueron respondidos. Tampoco se conoce si se han dictado normas internas para garantizar el acceso en casos sensibles o cómo se capacita al personal en esta materia.
Una oportunidad para revertir la opacidad
Con esta decisión, el Ministerio Público Fiscal de Salta tiene la oportunidad de revertir un historial de opacidad y empezar a construir un vínculo más transparente y abierto con la ciudadanía. Sin embargo, la implementación efectiva del plan y su permanencia en el tiempo dependerán de decisiones políticas concretas, de la voluntad de asignar presupuesto y recursos, y del compromiso real con la rendición de cuentas.
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