El ministro de Salud de la provincia denunció que un grupo reducido de anestesistas mantiene un “monopolio extorsivo” que frena cirugías y afecta la atención de pacientes en hospitales públicos. El funcionario no descartó llevar el conflicto a la Justicia si no se logra un acuerdo.
El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, endureció su posición frente al conflicto con los anestesistas y reveló que algunos profesionales llegan a percibir 97 millones de pesos mensuales. Según el funcionario, este grupo mantiene un “monopolio extorsivo” que condiciona directamente la atención en los hospitales públicos.
La situación derivó en una reducción significativa de cirugías en centros de referencia como el Materno Infantil y el San Bernardo, donde actualmente se realizan la mitad de las operaciones previstas. “Hay pacientes que esperan más de seis meses por un reemplazo de cadera o la extracción de un clavo, porque cada sedación implica un costo exorbitante”, explicó Mangione.
El conflicto también se repite en hospitales del interior, donde además del pago por prestación se reconoce hora de guardia por permanencia. “Es algo increíble. Mientras tanto, hay personas que no pueden acceder a operaciones básicas”, lamentó el ministro.
Mangione aclaró que no mantiene un enfrentamiento personal con la Asociación de Anestesia, sino con un grupo reducido que concentra los mayores ingresos y deja a la población sin atención. “No me importa lo que digan, van a tener que responderle a la sociedad, no a mí. La situación es insostenible”, afirmó.
Frente a la falta de acuerdo, el ministro adelantó que evalúa judicializar el conflicto. “Tengo el recurso de amparo que presentó Córdoba. Si llego a ese extremo, voy a responsabilizar a todos y voy a ir hasta las últimas consecuencias”, señaló.
Mangione también comparó los honorarios con los de otras provincias, asegurando que mientras en Córdoba los anestesistas perciben lo mismo que cualquier médico, en Salta los montos son desproporcionados, pretendiendo cobrar “el doble o más”.
Finalmente, el funcionario informó que el tema fue presentado ante el Consejo Federal de Salud y que Nación sigue de cerca la situación. “Esto ya se federalizó. Salta es la más afectada y necesitamos reglas claras para que la salud pública no dependa de intereses corporativos”, concluyó.
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