Milei vende las represas más grandes del país y genera polémica nacional

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de privatización del sector energético. A través de la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó una nueva circular modificatoria que habilita la venta total del paquete accionario de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el Estado: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La medida, enmarcada en el proceso impulsado por el presidente Javier Milei, modifica las condiciones del concurso público internacional N° 504/2-0001-CPU25, lanzado en agosto. Según la nueva normativa, los adjudicatarios de las represas obtendrán la explotación por 30 años, con la posibilidad de prórroga, a cambio del pago de un canon anual al Estado y el cumplimiento de compromisos ambientales y de mantenimiento.

Con esta resolución, el Gobierno habilita la etapa final del concurso: las empresas precalificadas deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas antes de fin de año. El objetivo oficial es que las nuevas concesiones entren en vigor en el primer trimestre de 2026.

Las centrales Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila se encuentran en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén. En conjunto, aportan alrededor del 20% de la generación hidroeléctrica nacional y constituyen un componente esencial del sistema eléctrico interconectado del país.

Construidas entre las décadas de 1970 y 1980, las represas fueron concesionadas a empresas privadas en los años 90 y regresaron al control estatal entre 2023 y 2024, tras el vencimiento de las concesiones.

La gestión actual decidió avanzar con la reprivatización total, en contraste con el reclamo de gobiernos provinciales y sindicatos que pedían mantener el control público o federal de los recursos hídricos.

Diversos sectores advirtieron sobre la falta de transparencia y la velocidad del proceso. El exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, alertó que los contratos dolarizan los ingresos de las empresas y los ajustan por inflación estadounidense, lo que podría derivar en litigios internacionales en caso de devaluación o crisis macroeconómica.

Por su parte, los gobernadores de Neuquén y Río Negro expresaron su desacuerdo con el esquema actual. Rolando Figueroa, mandatario neuquino, sostuvo que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal”, y lamentó que la Nación haya “avanzado unilateralmente”.

Desde Río Negro, funcionarios provinciales advirtieron que la reprivatización “afecta los intereses locales”, ya que las represas controlan caudales que abastecen a comunidades, riego y turismo.

El marco legal utilizado para este proceso —la Ley 23.696 de Reforma del Estado (1989)— es el mismo que permitió las privatizaciones masivas del menemismo. Esa normativa faculta al Poder Ejecutivo a vender activos estatales bajo el argumento de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público.

En 2024, la Ley 27.742 incorporó a Energía Argentina (Enarsa) al listado de empresas sujetas a privatización. Desde entonces, el Gobierno fragmentó la compañía en unidades de negocio —gas, petróleo, energía térmica e hidroeléctrica— para venderlas por separado.

Lo que está en juego

Las represas del Comahue no sólo generan energía: controlan los principales embalses del país y regulan el caudal de los ríos Limay y Neuquén, fundamentales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el turismo.

Aunque el Gobierno sostiene que las futuras concesiones incluirán cláusulas ambientales y de seguridad, hasta el momento no se difundieron estudios técnicos que garanticen su cumplimiento.

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