Diputados debatirán proyecto para radarizar la provincia y habilitar la ley de derribo contra vuelos narco

La Cámara de Diputados de Salta podría debatir este martes un proyecto de resolución que solicita al Gobierno Nacional reforzar el control del espacio aéreo provincial mediante la radarización y la aplicación de una ley de derribo para vuelos ilegales, tras los recientes incidentes con avionetas vinculadas al narcotráfico.

La propuesta, presentada por la diputada Socorro Villamayor bajo el expediente 91-51.894/25, plantea la intervención del Sistema de Defensa Aeroespacial (SDA) y la habilitación de facultades para el derribo o neutralización de aeronaves declaradas “hostiles”, en casos en que sean utilizadas para el tráfico de drogas o el contrabando.

El debate surge luego del accidente de una avioneta cargada con estupefacientes en Rosario de la Frontera, hecho que reavivó el reclamo del gobernador Gustavo Sáenz para reforzar la vigilancia aérea en las zonas limítrofes.

A través de sus redes sociales, Sáenz había exigido al Gobierno Nacional “acciones concretas para proteger el territorio salteño”, remarcando la necesidad de contar con tecnología y equipamiento que permitan detectar y neutralizar vuelos ilegales que atraviesan los corredores fronterizos.

El proyecto destaca que Salta es una de las provincias más afectadas por los vuelos clandestinos, utilizados para el traslado de drogas desde países vecinos, y que la falta de radares operativos en el norte argentino “limita la capacidad de respuesta ante situaciones que ponen en riesgo la seguridad nacional”.

De aprobarse, la resolución será remitida al Ministerio de Defensa de la Nación y al Comando Conjunto Aeroespacial, solicitando la inclusión de Salta en el Plan Nacional de Radarización y la evaluación de protocolos de actuación que contemplen el uso de la fuerza en casos excepcionales.

El tratamiento de la iniciativa se da en un contexto de preocupación creciente por el tráfico aéreo ilegal en el NOA, y podría marcar el inicio de una coordinación más estrecha entre la provincia y las autoridades nacionales en materia de defensa y seguridad.

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