Estudiantes privados de la libertad denuncian trabas para estudiar y presentan un habeas corpus contra el Servicio Penitenciario

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que cumplen condena en la Unidad Carcelaria N.º 1 de Villa Las Rosas presentó un habeas corpus colectivo y correctivo para exigir que se garantice su derecho a la educación. La acción judicial fue impulsada con el patrocinio de A.L.F.A. y la representación conjunta de la Gremial de Abogados y Abogadas, y está dirigida contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.

El planteo alcanza a las unidades penitenciarias 1, 4, 6 y 7, donde (según denunciaron) se viene obstaculizando de manera “sistemática y arbitraria” el acceso a la educación universitaria, particularmente al cursado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, la única oferta académica de la UNSa que se dicta dentro del penal.

Entre las prácticas denunciadas se encuentran decisiones discrecionales del personal penitenciario sobre qué estudiantes pueden salir a rendir exámenes, aun cuando existe una orden judicial que habilita a todos. También señalaron traslados fuera del horario establecido para las mesas de examen, lo que provoca que los internos pierdan la instancia, y la negativa de móviles para los traslados.

Los estudiantes también informaron restricciones en el uso del aula universitaria autorizada, con mayor impacto en las internas mujeres, que disponen de menos tiempo de acceso. En las unidades 6 y 7, catalogadas como granjas penales, aseguraron que directamente no existen espacios destinados al estudio. Además, denunciaron la prohibición de realizar cursos o actividades de formación durante el período de verano.

Uno de los aspectos más destacados del habeas corpus es que fue elaborado por los propios estudiantes privados de libertad, a partir de su proceso de formación universitaria. Por este motivo, solicitaron medidas de protección para evitar posibles represalias.

La presentación cita el artículo 133 de la Ley 24.660, que establece que todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública y que el Estado, en sus distintos niveles, es responsable de garantizar una educación integral y de calidad, asegurando igualdad y gratuidad.

La acción judicial busca no solo restituir el acceso pleno a los derechos educativos dentro del sistema penitenciario, sino también poner de relieve la importancia de estos espacios de formación como herramientas para la construcción de nuevas oportunidades y la reducción de la reincidencia.

Los estudiantes plantearon que el acceso a la educación universitaria representa una vía para adquirir conciencia crítica sobre sus propias experiencias, reforzar su dignidad y proyectar una reinserción social distinta a la que suelen enfrentar al recuperar la libertad.

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