Tartagal: una niña de 12 años se encadenó en Ciudad Judicial para impedir que interrumpan su embarazo

Una situación cargada de tensión se vivió esta mañana en Ciudad Judicial de Tartagal, donde una niña de 12 años, perteneciente a una comunidad originaria, se encadenó junto a familiares y referentes comunitarios para pedir públicamente que no se avance con la interrupción de su embarazo. El caso tomó notoriedad en los últimos días debido a que el presunto padre es un adolescente de 14 años.

La menor permaneció en el ingreso al edificio judicial visiblemente conmovida, rodeada por miembros de su comunidad que acompañaron su postura mientras el caso continúa en evaluación por parte de las autoridades correspondientes.

Tras la protesta, la titular del área de Niñez, Paula Tackzek, brindó declaraciones públicas en las que reiteró el marco legal aplicable. Explicó que ninguna persona menor de edad puede brindar consentimiento para mantener relaciones sexuales, por lo que la ley considera estas situaciones como abuso sexual, sin excepciones de origen cultural ni particularidades comunitarias.

Tackzek remarcó que el rol del Estado es garantizar la protección de la niña, incluso cuando exista una manifestación de voluntad, ya que la edad implica limitaciones para comprender por completo las consecuencias de su decisión. También señaló la importancia del acompañamiento psicológico, sanitario y social en todas las etapas del proceso.

El acompañamiento desde el sistema de salud

La directora de Materno Infancia, Dra. Patricia Leal, detalló que la niña informó su embarazo durante el primer control prenatal, cuando cursaba 8 semanas de gestación. Desde entonces, el equipo de salud inició el seguimiento correspondiente y puso a disposición toda la información médica necesaria.

Leal sostuvo que, dentro del marco legal vigente, no se puede obligar a la niña a interrumpir el embarazo, y aclaró que se respetará su voluntad, siempre con la intervención de los adultos responsables y del sistema de salud. Señaló además que se trata de un embarazo de alto riesgo, aunque con un equipo preparado para su atención.

La funcionaria destacó el trabajo territorial en comunidades originarias para mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y a información sobre salud reproductiva.

El caso continúa bajo revisión de la Justicia, que deberá resolver en el marco de la normativa sobre abuso sexual y derechos de la niñez. En paralelo, los organismos provinciales mantienen un acompañamiento integral para la menor y su familia, con foco en la protección de su salud física y emocional.

La protesta ocurrida en Tartagal volvió a exponer la complejidad de los embarazos en niñas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de información, prevención y contención en contextos de vulnerabilidad.

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