Protestar en Argentina, dos años del Protocolo Antipiquetes bajo críticas

Este 15 de diciembre se cumplen dos años de la entrada en vigencia de la Resolución 943/2023, conocida como Protocolo Antipiquetes. A dos años de su implementación, Amnistía Internacional advirtió un grave deterioro de las libertades de expresión y de reunión, y reclamó que la norma sea declarada inconstitucional.

El protocolo, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, habilita desalojos y detenciones sin orden judicial ante manifestaciones que afecten la circulación. Organismos de derechos humanos señalan que estas disposiciones vulneran derechos fundamentales y contradicen estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

Según registros oficiales y de organizaciones especializadas, durante 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas en el marco de protestas sociales. Las lesiones incluyeron impactos de balas de goma, uso de gases lacrimógenos y violencia física. Los datos muestran un aumento de la represión: en 2025 se registraron 1.341 heridos y 165 detenciones, frente a 1.216 heridos y 93 detenciones en 2024.

Entre los casos más graves se denunciaron pérdidas oculares permanentes por disparos de balas de goma, como los ocurridos durante manifestaciones en apoyo a jubilados en las inmediaciones del Congreso. La labor periodística también se vio afectada, con al menos 184 trabajadores de prensa lesionados durante coberturas de protestas.

El caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría una protesta de jubilados. Sufrió una fractura expuesta de cráneo, fue internado en estado crítico y continúa en recuperación, con pronóstico reservado. En la causa judicial, se identificó al gendarme que efectuó el disparo y la justicia dispuso su procesamiento.

Amnistía Internacional cuestionó además la falta de investigaciones internas por parte del Ministerio de Seguridad y recordó que organismos internacionales, como la CIDH y distintas relatorías de la ONU, expresaron su preocupación por el impacto del protocolo en el espacio cívico y los derechos humanos.

En este contexto, organizaciones de derechos humanos impulsan una acción judicial para que el Protocolo Antipiquetes sea declarado inconstitucional, mientras continúan los reclamos por el uso de la fuerza en manifestaciones públicas.

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