La trama que no se detiene: ya son 33 las víctimas y crece la causa por trata sexual de alumnas en Salta

La causa federal que investiga una red de trata sexual de alumnas de colegios secundarios en Salta volvió a ampliarse y alcanzó una dimensión mayor: ya son 33 las víctimas identificadas, nueve los imputados y la Justicia resolvió extender el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026. Desde el Ministerio Público Fiscal no descartan que puedan surgir nuevas adolescentes afectadas.

La resolución fue adoptada por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, quien avaló el pedido formulado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual durante una audiencia realizada el 16 de diciembre, que se prolongó por más de seis horas.

En ese marco, la fiscalía sostuvo que se logró acreditar “la existencia de un número importante de víctimas niñas”, quienes habrían quedado atrapadas en una red que operaba con distintos roles y finalidades, permitiendo su explotación sexual sistemática. Ese planteo fue clave para justificar tanto la ampliación de las imputaciones como la prórroga del plazo investigativo.

El expediente se formalizó el 11 de septiembre, tras la detención inicial de cuatro personas imputadas como coautoras del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, con agravantes vinculados a la minoridad, vulnerabilidad, cantidad de víctimas, número de intervinientes y consumación del delito. Con el avance de la investigación, se incorporaron otros cinco acusados.

Actualmente, ocho de los nueve detenidos enfrentan cargos por trata de personas, mientras que cinco de ellos también fueron imputados por asociación ilícita destinada a la promoción y facilitación de la prostitución. Además, seis acusados fueron imputados por tenencia y distribución de material sexual de menores, junto con otras calificaciones como corrupción de menores, abuso sexual de una niña de 13 años y promoción de la prostitución agravada.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que las nuevas imputaciones se apoyan en numerosas evidencias, entre ellas peritajes a teléfonos celulares, análisis de redes sociales, movimientos bancarios y los relatos de las víctimas, muchos de los cuales se están recabando mediante entrevistas en Cámara Gesell. En este trabajo interviene el Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, a cargo de la psicóloga Verónica Olguín Rufino, con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Según se expuso en la causa, algunas adolescentes manifestaron temor al momento de declarar, y se logró establecer que varios imputados habrían proferido amenazas antes de ser detenidos, lo que motivó la adopción de medidas de protección.

La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada el 26 de junio del año pasado, cuando la madre de una adolescente detectó mensajes sexuales en el celular de su hija, entre ellos comunicaciones enviadas por un remisero, actualmente imputado, que también hacía referencia a otra menor de 12 años. El caso comenzó en la justicia provincial y luego fue remitido al fuero federal ante la posible configuración del delito de trata de personas.

La fiscalía detalló que la red captaba adolescentes de colegios públicos y privados, pertenecientes a distintos sectores sociales, y que la explotación se concretaba en hoteles, alojamientos ubicados sobre la ruta 26 y viviendas particulares. También se expuso que los acusados realizaban pedidos específicos sobre apariencia física, vestimenta y prácticas sexuales, e incluso las obligaban a consumir drogas.

Otro aspecto señalado fue que las víctimas eran descartadas al cumplir los 18 años, y que parte del mecanismo de captación consistía en exigirles que sumaran amigas a la red.

Si bien el accionar investigado se concentra principalmente en hechos ocurridos durante 2024, la fiscalía indicó que ya surgieron indicios de delitos cometidos con anterioridad. Además, resta analizar un volumen significativo de material secuestrado, lo que podría derivar en nuevas imputaciones o en la identificación de más responsables.

Con la prórroga concedida, la causa continuará bajo investigación al menos hasta mayo de 2026, mientras se profundiza una pesquisa que expone uno de los casos más graves de trata sexual de menores detectados en la provincia.

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