Denuncias cruzadas en San Carlos: la intendenta habla de persecución tras acusaciones millonarias

La intendenta de San Carlos, María del Carmen Vargas, realizó declaraciones públicas en las que acusó de persecución al titular de la Auditoría General de la Provincia (AGP), Gustavo Ferraris, luego de que se presentara una denuncia en su contra por presuntos faltantes millonarios y la falta de presentación de rendiciones de cuentas municipales.

Desde la AGP, Ferraris explicó que la denuncia se originó por la no presentación en tiempo y forma de las cuentas del Municipio, a pesar de reiterados requerimientos formales realizados al Ejecutivo local. Según indicó, el cumplimiento de esas rendiciones es una obligación establecida por ley y su incumplimiento derivó en la intervención del organismo de control.

En ese marco, Ferraris también se refirió a la investigación que lleva adelante el fiscal federal Ricardo Toranzos, en la que se detectaron extracciones por un total de $125.558.000 realizadas entre julio de 2023 y marzo de 2024. De acuerdo a lo informado, esos movimientos no contarían con documentación respaldatoria que justifique su destino.

La investigación judicial busca determinar si existieron posibles infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos y la eventual comisión de delitos como peculado, lavado de activos y asociación ilícita, según se desprende de las actuaciones en curso.

Por su parte, Vargas se refirió a las denuncias contra su gestión en una entrevista con un comunicador local. Allí sostuvo que es víctima de una persecución personal por parte del titular de la Auditoría. “Este señor se ha confundido. Estuvo 17 años trabajando en la Auditoría y tendría que haber visto un montón de casos de otros intendentes. Y ahora encontró a esta coya y bruta diciendo: ‘no ha presentado un ejercicio, le vamos a hacer la vida imposible’”, expresó.

No obstante, la jefa comunal admitió que no se presentaron las rendiciones correspondientes al ejercicio 2024, documentación que motivó la denuncia de la AGP. Sobre ese punto, Vargas atribuyó la responsabilidad al contador contratado por el Municipio para realizar esas tareas.

Según explicó, desde el Ejecutivo municipal se habría entregado la documentación necesaria para cumplir con las rendiciones, pero el profesional no habría efectuado las presentaciones. “Mi error estuvo en la elección del contador”, afirmó la intendenta.

Mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales, el caso mantiene la atención puesta sobre la gestión municipal de San Carlos y el rol de los organismos de control, en un contexto de fuerte impacto político e institucional.

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