Salta exigirá exámenes toxicológicos a todos los funcionarios públicos por DNU

El Gobierno de la Provincia de Salta anunció este martes una medida de alto impacto institucional. El gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos, sin distinción de jerarquías ni poderes del Estado.

El anuncio fue realizado por la vocera oficial del Gobierno provincial, Paula Benavides, durante una conferencia de prensa en la sala “Javier Lamas” del Centro Cívico Grand Bourg. Allí, la funcionaria explicó los alcances de la norma y el marco conceptual que sostiene la decisión.

Según se informó oficialmente, el DNU alcanza a todos los poderes del Estado. En el Poder Ejecutivo incluye al Gobernador, Vicegobernador, ministros y secretarios; en el Poder Legislativo, a diputados y senadores; y en el Poder Judicial y el Ministerio Público, a jueces, fiscales y ministros de la Corte de Justicia.

La medida también se extiende al ámbito municipal, abarcando a intendentes y concejales, y contempla además a todas las personas que aspiren a ingresar al Estado provincial, quienes deberán acreditar su aptitud para ejercer funciones públicas.

Benavides detalló que los exámenes se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva, directamente en los lugares de trabajo. Los controles estarán orientados a detectar la presencia de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas.

Desde el Gobierno aclararon que el procedimiento respetará la privacidad, el debido proceso y la posibilidad de realizar contrapruebas en laboratorios habilitados.

El DNU establece que la negativa injustificada a realizar el examen será considerada automáticamente como un resultado positivo. En los casos confirmados, se avanzará con la remoción del cargo o con los mecanismos institucionales correspondientes, como el juicio político o la destitución, según la función que desempeñe la persona involucrada.

Para quienes aspiren a ingresar al Estado provincial, un resultado positivo impedirá directamente la incorporación, incluyendo áreas sensibles como seguridad, salud, educación y el resto de la administración pública.

Durante el anuncio, la vocera remarcó que el decreto se enmarca en una política de transparencia y de idoneidad en el ejercicio de la función pública. Señaló que, según la visión del Ejecutivo, no alcanza con la capacidad técnica para gobernar, sino que también se requiere integridad física, psíquica y moral, tal como lo establece la Constitución.

Con esta decisión, el Gobierno provincial formalizó una política que busca fijar nuevos estándares para el acceso y la permanencia en cargos públicos, marcando un antes y un después en el control de quienes ejercen responsabilidades dentro del Estado salteño.

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