Emergencia Ígnea en la Patagonia: El Gobierno declara zona de desastre en cuatro provincias

El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea y zona de desastre en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, como respuesta a la expansión de los incendios forestales que afectan a la región patagónica y al riesgo creciente para poblaciones, infraestructura y patrimonio ambiental.

La decisión fue formalizada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, luego de los reclamos planteados por gobernadores del sur ante la gravedad de la situación.

El decreto establece un plazo inicial de un año de emergencia y declara zona de desastre a los territorios comprometidos por los focos ígneos. El objetivo central es habilitar herramientas legales y operativas que permitan una respuesta inmediata en la prevención, el combate del fuego, la asistencia a las comunidades afectadas y la restauración ambiental.

La norma se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y en el marco legal vigente, que incluye la Ley de Manejo del Fuego (26.815) y la Ley del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (27.287).

En este esquema, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) (creada por decreto en 2025 y dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional) queda a cargo de la coordinación operativa de las acciones en las provincias alcanzadas por la emergencia.

El DNU encomienda a la AFE el despliegue y la articulación de recursos humanos, técnicos y logísticos, en coordinación con gobiernos provinciales y municipios. Las tareas previstas incluyen la asistencia a familias damnificadas, la protección de bienes, la recomposición productiva, la restauración de zonas degradadas y el refuerzo de los sistemas de prevención para evitar nuevos focos.

Desde el Ejecutivo se justificó el uso del DNU en la urgencia ambiental y en la imposibilidad de esperar los tiempos del trámite legislativo ordinario sin comprometer la respuesta inmediata ante la emergencia. La medida también se inscribe en un contexto de negociaciones políticas más amplias entre la Casa Rosada y los gobernadores, en el marco de la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Del total, $100.810 millones serán distribuidos entre 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado en todo el país, destinados a equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico, capacitación y fiscalización.

Según informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, la decisión responde a los desastres de gran magnitud registrados durante el último año y a los riesgos previstos para 2026, que exigen reforzar la capacidad operativa del sistema de protección civil.

El escenario climático adverso, marcado por sequías prolongadas y vientos intensos, profundizó el impacto de los incendios, especialmente en áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces, donde los daños ambientales y ecosistémicos son considerados críticos.

La declaración de la Emergencia Ígnea busca consolidar un esquema de respuesta federal, con intervención directa del Estado nacional, frente a una crisis ambiental que ya es considerada estructural en amplias zonas del sur argentino.

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