Tras el fallo judicial, el Gobierno activó la emergencia en discapacidad y reglamentó la ley

El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, una norma que había sido aprobada por el Congreso en julio de 2025 pero que permanecía sin aplicación efectiva. La formalización se realizó mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, y marca el inicio operativo de una ley que había quedado frenada por cuestiones presupuestarias.

La decisión se produjo luego de una sentencia judicial que ordenó al Estado poner la norma en marcha. En diciembre pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el artículo que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad de partidas presupuestarias y dispuso su implementación inmediata. En su fallo, el magistrado sostuvo que esa limitación era incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento ponía en riesgo tratamientos esenciales para personas con discapacidad.

Aunque el Gobierno apeló la resolución, la Justicia habilitó la feria judicial para supervisar su cumplimiento y exigió informes al Ministerio de Salud sobre los avances en la implementación. A comienzos de enero, la cartera sanitaria informó que había iniciado pasos administrativos, y con la publicación del decreto se terminó de formalizar el proceso.

La reglamentación establece el marco operativo de la Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad y fija nuevas reglas en políticas públicas, prestaciones y pensiones. La vigencia de la ley se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por un año adicional.

Uno de los ejes centrales del decreto es la reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad. La norma define criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades, así como los procedimientos administrativos y los mecanismos de auditoría para el control del régimen. Las pensiones otorgadas con anterioridad serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará un proceso de identificación y verificación de las prestaciones alcanzadas.

El decreto también refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, y la instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los criterios de evaluación socioeconómica. Además, fija un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas, tal como lo exige la ley.

La reglamentación ratifica los mecanismos de participación y consulta a través de distintos espacios institucionales, entre ellos el Consejo Federal de Discapacidad, el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, el Comité Asesor, el Consejo de Articulación de Programas y el Observatorio de la Discapacidad. También establece esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Federico Sturzenegger. En los considerandos, el Ejecutivo aclaró que dicta la reglamentación sin reconocer hechos ni derechos ni consentir los fundamentos del fallo judicial, pero con el objetivo de dar precisión operativa y administrativa a la norma, ordenar los criterios de implementación y fortalecer los mecanismos de control.

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