Caso $Libra: A un año del escándalo cripto que salpicó a Milei, la causa sigue sin definiciones
El viernes 14 de febrero de 2025, mientras el país transitaba el Día de los Enamorados, un mensaje publicado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X promovió la criptomoneda $Libra y desató uno de los episodios más controversiales de su gestión.
“La Argentina liberal crece!!!”, comenzaba el posteo que difundía un proyecto privado presentado como una iniciativa para financiar pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mensaje incluía el enlace a una página web y el código de contrato que permitía adquirir el criptoactivo.
La moneda había sido creada apenas media hora antes de la publicación presidencial. En cuestión de minutos, su cotización se disparó y luego se desplomó abruptamente. Según un informe del Congreso argentino, 114.410 billeteras virtuales registraron pérdidas: 498 perdieron más de 100.000 dólares y 3.144 entre 10.000 y 100.000 dólares. En contraste, 36 billeteras obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares cada una.
Horas después del posteo, Milei eliminó la publicación y sostuvo que no estaba interiorizado de los detalles del proyecto y que solo había difundido una iniciativa privada que le parecía interesante, sin formar parte de ella.
Los nombres detrás del proyecto
El empresario estadounidense Hayden Davis, CEO de la firma que creó $Libra, confirmó parte de la operatoria. Según reveló el diario Clarín, Davis había firmado 15 días antes un contrato confidencial con Milei que lo declaraba asesor en materia cripto.
En la causa judicial también fueron denunciados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario singapurense Julian Peh (Bao Qihao); y los supuestos enlaces locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. A estos últimos se les dictó un embargo en criptoactivos equivalente a 300.000 dólares.
Investigaciones en marcha
En Argentina, la causa está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Hasta el momento no hubo llamados a declaración indagatoria y la instrucción avanza con medidas de prueba.
El propio Gobierno impulsó dos instancias internas para analizar el caso. Una unidad especial creada por decreto fue disuelta meses después sin que se difundiera un informe final. Por su parte, la Oficina Anticorrupción concluyó que el presidente no infringió la Ley de Ética Pública y que su publicación debía interpretarse como un acto de comunicación individual, no institucional.
En sentido contrario, una comisión investigadora del Congreso determinó que el mandatario “habría prestado una colaboración imprescindible” utilizando su investidura presidencial. La propuesta de juicio político no avanzó.
El caso también es objeto de una demanda colectiva en tribunales de Nueva York, enfocada principalmente en Davis y orientada a la obtención de resarcimiento económico para los damnificados.
A doce meses del episodio, el expediente judicial continúa abierto y sin resoluciones de fondo. El impacto político del llamado “caso $Libra” permanece como uno de los capítulos más resonantes del primer tramo de la administración Milei, con miles de inversores afectados y preguntas que aún no encontraron respuesta definitiva en los tribunales.
Fuente: El País
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