El Gobierno reabre el debate por el financiamiento universitario en extraordinarias
El financiamiento de las universidades nacionales volvería al centro del debate parlamentario. El Gobierno analiza incluir un nuevo proyecto en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso, en una decisión que podría extender el período legislativo hasta el 28 de febrero.
La iniciativa apunta a reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso en septiembre pasado, cuya proyección presupuestaria fue estimada en un 0,23% del Producto Bruto Interno. Según trascendió, el nuevo esquema contemplaría incrementos en los gastos de funcionamiento y mejoras en los ingresos de trabajadores docentes y no docentes, aunque en niveles inferiores a los establecidos por la normativa vigente.
El objetivo oficial es sostener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, descomprimir el frente judicial que mantiene abierto con el sistema universitario desde octubre de 2025.
Reuniones y reclamos
La propuesta comenzó a delinearse tras un encuentro realizado en la primera semana del mes entre el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional.
Participaron del encuentro Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Tras la reunión, ambos manifestaron públicamente expectativas favorables en torno al diálogo abierto con el Ejecutivo.
Desde el ámbito universitario se reiteró el pedido de seguridad jurídica para las instituciones y un sinceramiento paritario con los gremios docentes y no docentes. Desde octubre de 2024, los aumentos salariales se aplican por decreto, en un contexto de negociación interrumpida.
Una agenda legislativa ampliada
De oficializarse mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el proyecto se sumaría a otros temas que el oficialismo impulsa en extraordinarias, entre ellos la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y modificaciones a la ley de Glaciares.
El debate por el financiamiento universitario vuelve así al escenario parlamentario en un contexto de tensión presupuestaria y reclamos por previsibilidad institucional. Las próximas semanas serán clave para definir si la propuesta logra consenso en el Congreso y encauza un conflicto que atraviesa a miles de estudiantes, docentes y trabajadores del sistema público de educación superior en todo el país.
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