Sin resguardo ni aviso oficial, la denunciante enfrenta un escenario de alto riesgo tras la liberación de su atacante, en medio de cuestionamientos al sistema judicial y reclamos urgentes de intervención.
La noticia llegó sin advertencia y por fuera de los canales formales. Yanela Barrios supo a través de su abogada que el hombre que había sido condenado por violencia de género y abuso sexual estaba nuevamente en la calle.
La liberación, ocurrida el sábado pasado, fue consecuencia de errores administrativos detectados en la causa que terminaron beneficiando al acusado, quien debía cumplir una pena de 12 años de prisión.
La mujer, es integrante del colectivo Madres Protectoras en Salta, arrastra más de seis años de exposición a un entramado judicial que, según describe, no logró garantizar su seguridad. En 2021 había denunciado a su ex pareja, por agresiones y abuso sexual. Dos años después, un juicio concluyó con una condena firme, respaldada por pericias que validaron su testimonio y dieron cuenta de las secuelas psicológicas derivadas de la violencia sufrida.
Sin embargo, el proceso no se detuvo allí. El Tribunal de Impugnación revisó la sentencia y redujo la pena a la mitad tras un recurso de la defensa. En paralelo, otras resoluciones judiciales (incluida una absolución en otra causa) fueron modificando el escenario hasta derivar en la reciente liberación del acusado.
En comunicación con InfoSalta, la víctima asegura que nunca fue notificada oficialmente de esta decisión y que, al momento, no existen medidas de protección vigentes para ella ni para su entorno familiar. La situación, advierte, la expone a un peligro concreto. “Estoy en alto riesgo”, sostiene a nuestro medio, al tiempo que su defensa ya solicitó resguardo urgente.
El recorrido judicial, marcado por múltiples expedientes en distintos fueros, dejó (según su relato) un impacto profundo en su vida personal, económica y emocional.
“A lo largo de estos años, he atravesado instancias de re victimización y desigualdad en el acceso a recursos, en contraste con las posibilidades de la otra parte”, indica la mujer.
Asimismo, señala: “La violencia, no se limitó al período de convivencia. Tras la denuncia, el hostigamiento continuó, incluyendo episodios que involucraron el entorno familiar de mi agresor”.
En ese contexto, la mujer decidió visibilizar públicamente su situación como forma de resguardo ante la falta de respuestas institucionales.
Mientras tanto, Barrios vive con temor y en estado de alerta, insiste en que “su exposición pública responde a una necesidad urgente que es evitar que la intervención llegue demasiado tarde”.
📌 Publicado por Diario InfoSalta
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