El Gobierno impulsa a extranjeros, podrán comprar más tierras en Argentina

Un proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de debate en el Congreso al proponer una serie de modificaciones en el régimen de propiedad privada. Bajo el nombre de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, la iniciativa fue presentada el 27 de marzo mediante el Mensaje del Poder Ejecutivo 13/26 y actualmente se analiza en comisiones del Senado.

El texto, promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, plantea cambios en distintas normativas vigentes. Entre ellas, la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), el Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial y el régimen de regularización dominial de barrios populares.

Uno de los ejes del proyecto apunta a restringir el alcance de las expropiaciones. La propuesta incorpora al artículo 4° el criterio de “interpretación restrictiva” para declarar la utilidad pública, lo que implica que cada caso deberá justificar de manera específica su finalidad. Además, establece que toda expropiación deberá cumplir con condiciones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y sólo podrá aplicarse si no existen alternativas menos restrictivas.

Otro punto central es la modificación del régimen vinculado al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por la Ley N° 27.453. Este sistema permitió declarar de utilidad pública terrenos ocupados para avanzar en procesos de regularización dominial y suspensión de desalojos. El proyecto propone eliminar el mecanismo que posibilita la obtención del título de propiedad, argumentando que el número de casos regularizados hasta el momento es bajo.

La iniciativa también incluye cambios en la Ley N° 26.737, que regula la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros. La normativa vigente, sancionada en 2011, estableció límites a la adquisición de este tipo de propiedades. El nuevo proyecto plantea eliminar esas restricciones, bajo el argumento de que desincentivan inversiones. No obstante, se prevé mantener controles específicos en situaciones donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas.

En paralelo, el texto incorpora modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815), que actualmente impide el desarrollo de actividades económicas en terrenos afectados por incendios durante determinados períodos. Según el Ejecutivo, estas limitaciones resultan excesivas en relación con el derecho de propiedad, por lo que propone flexibilizar las condiciones de uso.

También se contemplan cambios en otras normativas ambientales, como la Ley de Bosques Nativos (N° 26.331) y la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal (N° 13.273), especialmente en lo referido a áreas consideradas “no productivas”.

El proyecto ingresó el 6 de abril a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, donde comenzó su tratamiento. A partir de allí, se abrirá un proceso de análisis legislativo que definirá el alcance final de una propuesta que impacta en múltiples aspectos del régimen de propiedad en el país.

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