Fallo clave para la prensa: La Justicia cerró la causa contra Ari Lijalad y avaló sus críticas a Milei

La Cámara Federal ratificó que no existió delito en las expresiones del periodista Ari Lijalad y confirmó su sobreseimiento en la causa iniciada por el presidente Javier Milei. La resolución judicial sostiene que las críticas formuladas en el marco del debate público están amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

El conflicto tuvo origen en mayo de 2025, cuando el mandatario presentó una denuncia por presuntas “calumnias e injurias” tras la publicación de un artículo en el que el periodista analizaba el discurso oficial y advertía sobre posibles derivaciones hacia escenarios de confrontación. En ese texto, se establecían comparaciones con retóricas históricas utilizadas en contextos de persecución.

En primera instancia, el juez Daniel Rafecas había desestimado la acusación al considerar que los dichos se inscribían dentro de un intercambio de ideas propio de una sociedad democrática. Ahora, la Cámara confirmó ese criterio y reforzó la idea de que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor nivel de cuestionamiento.

El fallo se apoya en dos ejes centrales: por un lado, la imposibilidad de criminalizar opiniones, valoraciones o metáforas en discusiones de interés público; por otro, la necesidad de garantizar una protección amplia a la labor periodística, evitando que el sistema penal sea utilizado para limitar la crítica.

Como consecuencia de la resolución, el jefe de Estado deberá afrontar los costos del proceso judicial. Esto incluye el pago de los honorarios de la defensa del periodista, así como los gastos derivados de su propia representación legal y las tasas correspondientes.

En paralelo, continúa vigente una demanda en el fuero civil iniciada por el Presidente, en la que reclama una compensación económica. Sin embargo, tras el rechazo de la instancia de mediación a comienzos de 2026 y el antecedente del fallo penal, especialistas señalan que el planteo enfrenta dificultades para prosperar.

La decisión judicial se inscribe en un contexto de debate sobre los límites de la crítica pública y el rol de los medios en el análisis de la gestión gubernamental, reafirmando criterios vinculados al funcionamiento del sistema democrático y la libertad de prensa.

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