Salta concentra la atención del país con una cumbre clave contra la trata de personas

La capital salteña se convirtió en el escenario de uno de los encuentros federales más importantes del año en materia de derechos humanos y seguridad. Delegaciones de todo el país participan de la XXIV Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con el propósito de reforzar las estrategias destinadas a prevenir este delito, mejorar la asistencia a quienes lo padecen y fortalecer las investigaciones judiciales.
La convocatoria reúne a funcionarios nacionales y provinciales, integrantes del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público Fiscal y organizaciones especializadas, quienes durante dos jornadas intercambian experiencias y analizan herramientas para afrontar una problemática que continúa evolucionando y requiere respuestas coordinadas entre todos los niveles del Estado.
La apertura estuvo encabezada por el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Viola; el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún; el secretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Javier Mónico; y la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero Cornejo. También participó el fiscal general Eduardo José Villalba, titular de la Unidad Fiscal Salta.
El encuentro se desarrolla bajo una modalidad híbrida, lo que permite la participación de consejeros de todas las provincias argentinas. Entre los principales ejes de trabajo figuran el fortalecimiento institucional del Consejo Federal, la presentación del Informe Anual 2025, el análisis de programas destinados a la reparación integral de las víctimas y la evaluación de los mecanismos de rescate, acompañamiento y restitución de derechos.
Durante la apertura, Ignacio Jarsún remarcó que la lucha contra este delito exige una acción coordinada entre todas las jurisdicciones. En ese marco, sostuvo que ninguna institución puede enfrentar por sí sola una problemática de semejante complejidad y destacó que el intercambio de información y la construcción de acuerdos permiten proteger a más personas.
El funcionario también señaló que la ubicación geográfica de Salta, como provincia fronteriza, la coloca frente a desafíos particulares relacionados con este tipo de delitos, por lo que ratificó la decisión del Gobierno provincial de continuar fortaleciendo las herramientas de prevención, asistencia e investigación.
Por su parte, Javier Mónico afirmó que las políticas públicas deben adaptarse a las nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. Explicó que actualmente las redes delictivas recurren con mayor frecuencia a plataformas digitales para captar víctimas mediante falsas propuestas laborales, ofertas educativas engañosas o contactos generados a través de redes sociales.
Ante este escenario, consideró indispensable reforzar las campañas preventivas en entornos digitales y profundizar la articulación institucional para responder con mayor rapidez y eficacia. Además, subrayó que el Consejo Federal constituye un ámbito clave para construir consensos entre las distintas jurisdicciones frente a organizaciones que operan sin respetar límites provinciales.
A su turno, Santiago Viola destacó la importancia de consolidar el trabajo conjunto entre la Nación, las provincias y los organismos involucrados para fortalecer las acciones de prevención, asistencia y protección de las víctimas en todo el territorio argentino.
La agenda continuará con un plenario en el que las comisiones permanentes presentarán las conclusiones alcanzadas durante las jornadas de trabajo. Además, los integrantes del organismo definirán cuál será la provincia anfitriona de la próxima reunión federal.
Del encuentro también forman parte representantes de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales vinculadas al abordaje de la trata y la explotación de personas, aportando su experiencia para enriquecer las políticas públicas que buscan enfrentar uno de los delitos más graves contra la dignidad humana.
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