Golpe a las pymes: el Senado le abrió la puerta a las grandes cerealeras y aprobó la reforma de Biocombustibles

La iniciativa obtuvo media sanción con 41 votos a favor y 25 en contra. El nuevo régimen eleva los porcentajes de mezcla, modifica el esquema para las plantas de menor escala y plantea una transición hacia un mercado con mayor competencia.

Después de varias semanas de negociaciones, la Cámara alta dio luz verde al proyecto que modifica las reglas para la elaboración y comercialización de bioetanol y biodiésel. El tratamiento estuvo atravesado por una disputa central: cómo repartir el negocio entre las grandes compañías integradas y las pymes regionales.

Uno de los cambios más visibles estará en los combustibles que llegan a los surtidores. El bioetanol pasará del 12% al 15%, mientras que el biodiésel subirá del 7,5% al 10%. Los nuevos cortes comenzarían a regir dentro de los 12 meses posteriores a la eventual sanción definitiva.

En el caso del etanol, el texto reserva un 6% para el elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el proveniente del maíz. El 3% restante quedará sujeto a competencia entre los productos habilitados.

La mayor controversia, sin embargo, apareció alrededor del biodiésel. Allí se estableció una transición para las llamadas empresas “no integradas”, categoría en la que se encuentran numerosas pymes regionales. El segmento tendrá inicialmente reservado el 6,5% del mercado, pero esa participación bajará al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% desde 2031 hasta 2036.

Ese cambio fue cuestionado durante el debate por legisladores de provincias donde funcionan plantas alejadas de los grandes centros industriales y portuarios. El planteo fue que una apertura progresiva puede dejar en una posición desigual a las empresas más pequeñas frente a los grandes grupos aceiteros.

La tensión llegó a trabar el tratamiento parlamentario. De hecho, la sesión había sido postergada previamente por las diferencias en torno al capítulo del biodiésel y las condiciones de participación de las pymes. Finalmente, el oficialismo y sus aliados lograron cerrar un acuerdo que permitió llevar el proyecto al recinto.

Durante la discusión, el senador justicialista Daniel Pablo Bensusán advirtió que el esquema podía afectar a industrias de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, donde funcionan plantas regionales. José Mayans, jefe del bloque Justicialista, también cuestionó la apertura y pidió postergar la votación para continuar con las negociaciones.

La crítica de Wado de Pedro

Entre las voces que rechazaron el proyecto estuvo Eduardo “Wado” de Pedro, quien reivindicó la política de promoción de biocombustibles iniciada durante el gobierno de Néstor Kirchner y puso el foco en el vínculo entre producción agropecuaria, industria y empleo.

“Muchos hablan de la relación virtuosa entre el campo y la industria. El desarrollo de los biocombustibles es una de las políticas virtuosas que impulsó el gobierno de Néstor Kirchner en ese sentido”, sostuvo.

El dirigente recordó que el régimen creado en 2006 buscó que los granos y otras materias primas pudieran transformarse dentro del país en producción industrial y puestos de trabajo, con una participación importante de pequeñas y medianas empresas.

Desde esa perspectiva, cuestionó que el nuevo esquema reduzca progresivamente el espacio reservado a esos establecimientos.

“Al desvirtuar el equilibrio de cupos para pequeños y medianos productores, hoy el gobierno perdió la oportunidad de contribuir a la articulación de todo el sector para que siga creciendo, para que haya más industria, más trabajo, más arraigo y más inversión”, afirmó.

De Pedro también planteó que los porcentajes aprobados no alcanzan los niveles vigentes en otros países con características agroindustriales y petroleras y cuestionó que se modifiquen las condiciones de un régimen que, según su planteo, había otorgado previsibilidad a quienes invirtieron en la actividad.

En particular, sostuvo que en la provincia de Buenos Aires la reforma podría poner en riesgo decenas de plantas de biocombustibles y extrusoras y unos 4.500 puestos de trabajo distribuidos en más de 60 localidades. Esas cifras forman parte de su evaluación sobre el impacto del proyecto y no constituyen una estimación oficial del Estado nacional.

Del otro lado, la senadora salteña Flavia Royón, que participó de las negociaciones, defendió el texto y sostuvo que la reforma busca generar nuevas condiciones para una industria que necesita inversiones y previsibilidad.

La legisladora planteó que el país pasará de un esquema en el que el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio hacia otro con mayor participación del mercado en la formación de los precios.

El debate deja así dos miradas contrapuestas sobre el futuro de la actividad: mientras el oficialismo presenta la apertura como una forma de ampliar inversiones y competencia, sus críticos advierten que el cambio puede profundizar la concentración y dejar a las pymes regionales con menor margen de participación.

Con 41 votos afirmativos y 25 negativos, el Senado aprobó la iniciativa en general. Ahora el proyecto continuará su recorrido en la Cámara de Diputados.

La disputa, en definitiva, quedó planteada alrededor de una pregunta que excede los porcentajes de mezcla: quiénes podrán crecer cuando se abra el mercado y qué lugar conservarán las pequeñas industrias que hoy producen biocombustibles en el interior del país.