Fumigaciones en Entre Ríos: Vecinos protestaron en Paraná y anticiparon que recurrirán a la Corte Suprema

Frente a los Tribunales de Paraná, familias de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera volvieron a plantear públicamente su rechazo al fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que dejó sin efecto las restricciones preventivas para la aplicación de agroquímicos cerca de viviendas. La movilización reunió a vecinos que habían participado de los amparos ambientales y que ahora anticiparon que buscarán llevar la discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La controversia judicial involucra dos acciones de amparo que fueron unificadas. Una correspondía a vecinos de los barrios Tierra Alta I, II y III, en Colonia Ensayo, mientras que la otra fue presentada por una familia de Aldea Brasilera. En primera instancia se habían fijado 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.

El 15 de septiembre, el máximo tribunal entrerriano rechazó ambos planteos y declaró la nulidad de esas restricciones. Entre sus fundamentos señaló que las distancias establecidas judicialmente no surgían de la Ley Provincial 11.178, que regula las aplicaciones de productos fitosanitarios.

Entre quienes participaron de la protesta estuvieron Ariel Gareis y Gimena Rosso, amparistas de los procesos judiciales. Los vecinos reclamaron que vuelvan a establecerse medidas de protección mientras continúa la discusión en otras instancias.

Gareis explicó que su familia había contado con una distancia de resguardo de 1.095 metros y sostuvo que la eliminación de esa medida genera preocupación ante la posibilidad de nuevas aplicaciones en campos próximos a su domicilio.

En el caso de su familia, el expediente también incluye la situación de su hija menor, respecto de quien presentó estudios médicos vinculados con un daño genético. El padre relató que comenzó a investigar el origen de las descompensaciones que la niña presentaba en momentos en que se realizaban aplicaciones en las inmediaciones de su vivienda y que posteriormente se efectuaron estudios en Córdoba y Paraná.

La existencia del daño genético forma parte de la documentación incorporada al expediente. Sin embargo, el Superior Tribunal consideró que dentro de ese proceso no se había acreditado de manera suficiente un nexo causal entre las aplicaciones cuestionadas y la afectación individual invocada.

Durante la manifestación, los vecinos señalaron que productores de la zona ya habrían comunicado futuras tareas de pulverización. Rosso afirmó que una de las notificaciones recibidas contempla la utilización de un producto identificado con banda azul y que se informó un plazo de 48 horas.

Los manifestantes explicaron que los productos fitosanitarios se identifican mediante bandas de colores asociadas a su clasificación toxicológica. Mencionaron las categorías verde, azul, amarilla y roja, aunque remarcaron que esa clasificación se refiere principalmente al peligro agudo del producto formulado y no constituye, por sí sola, una evaluación integral de todos los riesgos posibles derivados de su utilización o exposición.

Las familias sostienen que, por la cercanía entre las áreas productivas y las viviendas, deben mantenerse medidas preventivas mientras continúa el proceso judicial.

La decisión del máximo tribunal provincial dejó sin efecto las distancias de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas que habían sido establecidas en primera instancia. Según los fundamentos difundidos sobre el fallo, el tribunal entendió que aquellas restricciones no podían reemplazar las previsiones de la Ley 11.178 sin una declaración previa de inconstitucionalidad de la normativa.

El antecedente también fue relacionado con una resolución de marzo de 2024, conocida como “Rosso I”, que había establecido esas mismas distancias para el sector de Tierra Alta. El STJ señaló que aquella decisión había quedado firme al ser consentida por el Estado provincial y las partes demandadas, pero sostuvo que estaba condicionada a la realización de estudios y a la elaboración de una regulación específica.

Los vecinos anticiparon que continuarán con el reclamo judicial y que buscarán que el caso sea analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

También cuestionaron la imposición de las costas del proceso. Rosso sostuvo que esa decisión representa un obstáculo para quienes buscan plantear reclamos ambientales y afirmó que las familias continuarán con las presentaciones correspondientes.

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