Katopodis denunciará a Milei y Caputo por fondos para obras hídricas

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto uso irregular de fondos destinados a obras hídricas. Además, anticipó que cuestionará el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y exigirá un plan de inversiones para ampliar las redes de agua potable y cloacas.

El funcionario realizó los anuncios durante una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.

La presentación judicial estará vinculada al manejo del Fondo Hídrico, que recibe el 4,31% de la recaudación del impuesto a los combustibles y debe financiar trabajos de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas.

Según los datos difundidos por el gobierno bonaerense, al cierre del primer trimestre de 2026 el fondo acumulaba $339.993 millones. De ese total, $290.676 millones (el 85,49%) estaban colocados en letras del Tesoro.

Katopodis sostuvo que esos recursos podrían haberse destinado a obras de infraestructura. Para dimensionar el monto, señaló que equivaldría al financiamiento de 40 intervenciones como la adecuación del río Areco, ocho obras similares a la reconstrucción de la etapa II del canal Maldonado, en Bahía Blanca, o tres proyectos como la mejora de la cuenca media del río Luján, etapa II A.

El ministro también afirmó que Caputo habría utilizado créditos aprobados en 2023 para trabajos de prevención de inundaciones con el objetivo de refinanciar deuda. La denuncia buscará que se investigue el destino de esos recursos y las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Entre las figuras penales que mencionó se encuentran la malversación de caudales públicos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el retardo injustificado de pagos y la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La eventual responsabilidad de los acusados deberá determinarse en el ámbito judicial.

Katopodis también cuestionó la falta de garantías nacionales para dos préstamos internacionales destinados a proyectos hidráulicos en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, otras diez provincias cuentan con 18 créditos aprobados.

Entre las obras bonaerenses pendientes mencionó un túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos de alivio en las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras. También incluyó intervenciones hidráulicas en el nodo Bragado y en las subregiones A2 y A3 de la cuenca del río Salado.

El reclamo se produce en un contexto de preocupación por los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño, que podría incrementar los riesgos de lluvias intensas e inundaciones en los próximos meses. Desde la administración bonaerense sostienen que la ejecución de estas obras resulta clave para reducir la exposición de las zonas afectadas.

El ministro adelantó que participará el 26 de octubre en la audiencia pública vinculada con la privatización de AySA. Allí buscará impugnar el proceso, cuestionar los aumentos tarifarios y exigir un programa de inversiones que contemple la ampliación de las redes de agua potable y saneamiento.

Según las cifras presentadas por el gobierno bonaerense, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alrededor de 3,7 millones de personas (el 24,5% de la población) no tienen acceso a la red de agua potable. En tanto, unos 5,5 millones (el 36,4%) carecen de conexión al sistema cloacal.

El informe también señala que las tarifas de AySA registraron un aumento nominal del 555%, mientras que los ingresos tarifarios crecieron un 135% en términos reales. En contraste, la inversión en obras habría caído un 75% en términos reales.

Los datos y cuestionamientos forman parte de los argumentos difundidos por el gobierno de Buenos Aires. La denuncia anunciada y la impugnación a la privatización apuntan a abrir dos frentes de reclamo: el destino de los recursos destinados a obras hídricas y las inversiones necesarias para extender los servicios sanitarios.

📌 Seguínos en nuestras redes sociales!