El INAI señaló que sus carpetas técnicas son un resguardo a la ocupación ancestral
En el marco de las actuaciones contra Nelson Campos, Presidente de la Comunidad Wichi El Algarrobal, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI-, según las competencias propias del organismo, informó a través de un escrito a la Dra. Sofía Fuentes (Fiscal de Pichanal), el interés de que se tomen todos los recaudos, tanto materiales y jurídicos, en el sentido que cualquier medida o proceso judicial se enmarque en la interculturalidad.
A tal efecto, durante este viernes, legisladores provinciales y funcionarios nacionales se reunieron en forma virtual con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, y abordaron la situación de conflictos territoriales que involucran a pueblos originarios y especialmente, este caso de la comunidad wichí El Algarrobal. En esta oportunidad, el Dr. Julián Fernández del INAI manifestó al procurador la necesidad de que se respete la normativa nacional vigente y adelantó que preparan un anteproyecto de Ley para que todos los poderes del Estado se capaciten en Derecho Indígena, tal como sucede con Ley Micaela. “Se necesitan seriamente políticas públicas y una mirada intercultural, además de la capacitación de fiscales en esa rama del derecho”, subrayó .
Cabe destacar que la Comunidad Wichi de la provincia de Salta se encuentra en una causa relacionada estrictamente con la defensa de la posesión de la tierra comunitaria indígena, reconocida por el INAI mediante Resolución 323/2018 (6/12/2018) como de ocupación actual, tradicional y pública.
Se había informado ya desde el INAI a la Dra. Sofia Fuentes también que en la provincia de Salta, se realizaron los relevamientos territoriales de Comunidades indígenas indicados por la Ley 26.160 en el marco de diferentes convenios firmados entre el INAI y esa Provincia.
Actualmente es política del gobierno nacional, garantizar la construcción de soluciones dialoguista, generando los espacios de consensos en el marco del estado democrático como modo de resolución alternativa por fuera del marco penal.
Por estas circunstancias, desde el INAI se le indicó en su momento a la Fiscalía de Pichanal que el Ministerio Público Fiscal y sus auxiliares, efectúe un control de convencionalidad entre las normas internas y las convenciones de derechos humanos en materia indígena adoptado por el Estado en el concierto internacional y constitucional, en oportunidad de expedirse y valorar la especial situación de vulnerabilidad de las personas pertenecientes a Pueblos Originarios y la problemática territorial padecida por la Comunidad wichí.
