El Tabacal | Zona militarizada: ya hay dos detenidos. Vecinos de Yrigoyen reclaman la libertad de los hombres
Las acciones contra los despedidos del Ingenio Tabacal están siendo coordinadas por el Juez Federal de Oran el Dr. Montoya, a pedido altos mandos de Seguridad y Gendarmería. Hay numerosos efectivos en la zona
Desde anoche hay dos trabajadores detenidos incomunicados en Orán, Martin Méndez ex delegado del campo y Jorge Moreno ex presidente de la junta electoral durante 2015, quienes fueron despedidos por la Seabord Corporation. Vecinos de Yrigoyen reclaman la libertad de los hombres y piden que en todas partes de la provincia se sumen al reclamo y pedido de liberación. La causa quedó en manos de la fiscal Fuente Mayorga.
Una familiar de uno de los trabajadores descargó su dolor e impotencia a través de un posteo en una red social: “muchos de los despedidos recibieron en el cajero una suma ínfima de dinero, familias completas de más de 8 personas al no alcanzarle ni para comprar un terreno deberán refugiarse en casa de sus parientes en salta dejando atrás sus proyectos sus sueños ya los hijos mayores estaban inscriptos en la Universidad de Orán y otros en los terciarios y otros en la escuela del ingenio cientos de niños y jóvenes deberán cortar drásticamente sus vínculos familiares, de amistad, de vecindad, mientras el estado municipal, provincial ni nacional no tuvieron la responsabilidad de hablar con los despedidos de buscar alternativas para obtenerlos y la Seaboard a través del alcohólico Amura los desafía a irse a Rusia a ver el mundial con el dinero de la indemnización y El Tribuno la Radio de Meri y Suzuki hablan de ‘los delincuentes que cortan la ruta con la cara tapada'”.
Al término de la conciliación obligatoria sigue la lucha de los trabajadores de El Tabacal contra los despidos. Ayer hubo un corte de ruta total que se extendió por 8 horas. Al conocerse la amenaza de desalojo el pueblo se convocó masivamente y la policía tuvo que dar marcha atrás.
El gobierno militarizó el ingenio con Gendarmería y la Policía, prohibió el ingreso de los colectivos de línea que regularmente transportan a quienes viven en las viviendas de la empresa y a quienes van a trabajar, nadie puede atravesar los históricos arcos de ingreso sin mostrar documentos y justificar su ingreso ante la policía.
Al respecto el diputado Del Plá declaro que: “El gobierno provincial, que mandó esta tropa en defensa del predio y la fábrica es el mismo que se negó a hacer efectiva la reincorporación de los despedidos mientras dure la conciliación obligatoria y aplicar así su poder de policía para hacer cumplir la ley a la empresa. En los últimos días, Urtubey pasó a justificar plenamente los despidos en nombre de que las empresas están afectadas por las modificaciones de impuestos que impuso el pacto fiscal -un pacto que, el propio Urtubey promovió y firmó-”.
“A su vez la empresa se ha negado a reincorporar a decenas de compañeros que integran listas de candidatos oficializadas que participan de las elecciones del STA que tendrán lugar el 28 de marzo próximo. Los candidatos oficializados gozan de estabilidad laboral por tal condición según la ley.La complicidad del poder político es total con esta política de guerra de las patronales azucareras. En el caso del San Isidro, presentaremos esta semana el proyecto de ley de expropiación dado que a menos de 60 días del inicio de la zafra es el estado el que debe garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores”, concluyó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados.
Según El Tribuno, el Juez Montoya hizo notar que “en estos más de 30 días de cortes, están siempre al frente unas 15 personas con la cara tapada. Los 5 principales delegados gremiales no aparecen en el corte y eso llamaría la atención”, además el juez les dictó el procesamiento por la causa penal abierta a raíz del anterior corte violento que protagonizaron estos sindicalistas en la ruta 50, entre los que se halla el Secretario General de STA, Martín Olivera. Ellos están a un paso de la prisión preventiva, por lo que operan desde afuera de la zona de conflicto.
