El Gobierno suma la Ley Penal Juvenil a las extraordinarias y reabre un debate clave en el Congreso

La Ley Penal Juvenil se convirtió en uno de los nuevos ejes del debate político en el Congreso. Este lunes, en una reunión realizada en Casa Rosada, la Mesa Política del Gobierno resolvió ampliar el temario de las sesiones extraordinarias e incluir formalmente el proyecto, en una señal de respaldo político a una iniciativa sensible y de alto impacto institucional.

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la presencia de figuras centrales del oficialismo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien participó por segunda vez consecutiva de la mesa. También formó parte el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque debió retirarse antes para viajar a Mar del Plata junto al presidente Javier Milei.

Un temario ampliado y definiciones estratégicas

Desde el Gobierno confirmaron que la Ley Penal Juvenil se sumará a otros proyectos ya previstos para extraordinarias, como la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Además, ratificaron el envío al Congreso del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, pese a las dificultades que enfrenta su aprobación en el Parlamento Europeo.

La incorporación de la Ley Penal Juvenil se produce luego de que el Ejecutivo decidiera postergar el tratamiento del nuevo Código Penal para el período ordinario. Sin embargo, un hecho reciente volvió a poner el foco en la discusión sobre la edad de imputabilidad y aceleró las definiciones políticas.

El hecho que reactivó el debate

El disparador fue el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años ocurrido en Santa Fe en diciembre de 2025. El caso tomó fuerte repercusión pública en los últimos días tras la viralización de un video. La investigación judicial confirmó la participación de tres menores de edad, dos de ellos de 14 años.

Ese episodio reavivó el debate sobre la responsabilidad penal juvenil y llevó a sectores del oficialismo, con el impulso de Patricia Bullrich, a presionar para adelantar el tratamiento de la ley, aun cuando inicialmente se había evaluado incluir el tema dentro de una reforma integral del Código Penal.

Qué propone el proyecto

La iniciativa original planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque tras el trabajo en comisiones de la Cámara de Diputados se había alcanzado un dictamen consensuado que fijaba el límite en los 14. Ese despacho, sin embargo, nunca llegó al recinto y perdió vigencia con el recambio legislativo, por lo que el debate deberá reiniciarse en comisión.

Según explicaron fuentes de la Mesa Política, el oficialismo buscará unificar los distintos proyectos existentes y avanzar hacia un dictamen único. La intención inicial es insistir con los 13 años como edad mínima, aunque no descartan volver a cerrar un acuerdo en 14 si no se logran los votos necesarios.

El texto no se limita al aspecto punitivo. Incluye también medidas educativas y restaurativas orientadas a la rehabilitación de los adolescentes, como programas educativos, tratamientos psicológicos y capacitación laboral. La aplicación de estas políticas implicaría inversión estatal en nuevos establecimientos y en equipos profesionales especializados.

Lo que viene en el Congreso

Se espera que la Cámara de Diputados retome el debate la próxima semana, cuando comience formalmente el cronograma de sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero. En paralelo, también se activará el tratamiento del acuerdo UE-Mercosur en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

En el Senado, en tanto, el foco estará puesto en la reforma laboral y la Ley de Glaciares, ambos proyectos con dictamen desde diciembre y listos para llegar al recinto entre el 10 y el 11 de febrero. Mientras tanto, el Gobierno avanza en negociaciones con gobernadores para asegurar apoyos legislativos, con Corrientes y Misiones entre las próximas provincias en agenda.

Con la inclusión de la Ley Penal Juvenil, el Ejecutivo busca ordenar su frente parlamentario y avanzar en una agenda que combina reformas estructurales, acuerdos internacionales y debates que atraviesan de lleno a la sociedad.

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